“Macri, Mauricio y otros s/ Asociación Ilícita”

La Suprema Corte de Justicia uruguaya (SCJ) rechazó, a fines del mes de octubre, un recurso de excepción de inconstitucionalidad que planteó la defensa de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor del expresidente Mauricio Macri y actual miembro del Parlasur, por lo cual podrá ser extraditado a la Argentina.

Pepín Rodríguez Simón pidió refugio a las autoridades uruguayas por “temores fundados” a ser encarcelado como parte de una “persecución política” en la Argentina, pero la Corte de ese país rechazó ese recurso y ahora el gobierno uruguayo deberá definir si lo extradita, algo que había pedido la jueza argentina María Servini, en una causa por presunto hostigamiento contra los dueños de C5N, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sin embargo, el dato llamativo que se conoció a través de Santiago Cúneo, en su programa Uno Más Uno Tres, por ExtraTV, donde da cuenta que, en dicho fallo, la Corte uruguaya refiere al exhorto que elevó la jueza Servini de Cubría con la causa denominada: “Macri, Mauricio y otros s/ Asociación ilícita”, es decir, el nombre del principal implicado y cabeza de la causa es el expresidente.

El abogado de Rodríguez Simón, Jorge Díaz, que fue Fiscal General de la Nación entre abril de 2012 y octubre de 2021, presentó el 1° de noviembre un nuevo planteo para evitar la extradición teniendo en cuenta que en diciembre comienza la feria judicial y especulando con la posibilidad de que se “estire” hasta febrero la posibilidad del regreso de Pepín al país.

Ante esto, es fundamental para Macri un triunfo de Javier Milei que permita el retorno al país de Simón con una justicia “amiga” del poder y evitar además las causas judiciales propias que pesan sobre el propio expresidente.

Amigos son los amigos

Pepín Rodríguez Simón fue mucho más que un operador judicial para Mauricio Macri. Fue casi su “otro yo”, al menos en algunas cuestiones de alta relevancia. Así lo muestra el “poder general judicial y para gestiones administrativas” que dio a conocer en su momento Página/12 y que firmó el expresidente para que Pepín le manejara una gran cantidad de asuntos personales en los que podía tener problemas con la ley.

Ese documento tiene fecha del 12 de abril de 2016, apenas unos días después de las primeras filtraciones de los Panamá Papers, que dejaron a la vista la vinculación de la familia Macri con dos sociedades off shore, Fleg Trading LTD, con sede en Bahamas, y Kagemusha S.A, con sede en Panamá. A partir de ahí, Rodríguez Simón comenzó a hacer gala de su potestad delegada para trazar una estrategia que lograra blindar al exmandatario: impulsó una causa civil contra su padre, Franco Macri, donde conseguiría que un juez afirme en 2017 que el entonces presidente desconocía que figuraba en las sociedades radicadas en paraísos fiscales y que lo habían puesto sin su consentimiento.

El poder que Macri le dio a Pepín dice que el propósito es que pueda “en su nombre y representación, actuando ya sea en forma individual, conjunta, alternada o indistintamente”, por ejemplo, “intervenir en juicios”. ¿Cómo? “iniciar demandas y contestarlas; intervenir en todas las instancias del pleito y en los incidentes; prorrogar y declinar de jurisdicción; recusar jueces y funcionarios públicos; realizar actos procesales, tales como presentar y agregar escritos; asistir a audiencias, interrogatorios y a juicios verbales; oponer excepciones, pedir y diligenciar cédulas, oficios, exhortos, cartas documento y cualquier otro tipo de notificaciones; requerir y ofrecer providencias cautelares, sus cancelaciones y levantamientos; prestar juramentos, cauciones y garantías, intervenir o renunciar a recursos legales en cualquier instancia; producir o rechazar pruebas; anexar documentos públicos y privados; presentar y tachar testigos; nombrar peritos; instar juicios ejecutivos, ejecución de sentencia, y la perención de instancia, promover el concurso a quiebra de los deudores”.