Más de 400 páginas fundamentan el pedido de juicio político a la Corte

Ayer, el bloque de diputados del Frente de Todos presentó formalmente el proyecto del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicho documento cuenta con una extensión de 410 páginas, y allí se detallan los hechos que fueron denunciados públicamente por el Presidente Alberto Fernández y distintos miembros del oficialismo.

Todo comenzó en diciembre de 2022, cuando se conoció que la Justicia había fallado a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en relación a la disputa por los fondos de Coparticipación. Con esta resolución, se determinó que el Gobierno deberá pagarle a la Capital Federal el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables “en forma diaria y automática”.

De esta manera quedó suspendida la ley 27.606, que establecía que el go­bierno de Larreta recibiría el 2,32% de dichos fondos, y dicha medida llevó la firma de los cuatro miembros del máxi­mo tribunal, quienes ahora están en la mira por el desempeño de sus funciones.

Esta situación generó un amplio repudio y enojo por parte de los políticos que forman parte del oficialismo, entre los que se encuentran intendentes y gobernadores de todo el país. Así, mediante diversos comunicados y de­claraciones a la prensa, una gran cantidad de dirigentes se encargó de mostrar su descontento con el fallo asegurando que los afecta considerablemente en lo que respecta a la economía de los diferentes distritos.

Tal fue el revuelo y la polémica que generó esta situación que el pasado 1° de enero por la mañana el Presidente Alberto Fernández se encargó de comunicar que impulsaría el pedido de juicio político a los involucrados. Además, a todo esto se le había sumado el escándalo desatado por la filtración de chats entre el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, y un hombre de confianza de Horacio Rosatti, el presidente del máximo tribunal.

Así, 13 días después del anuncio, se terminó presentando de manera formal el proyecto que debería debatirse entre el 23 de enero y el 28 de febrero, cuando se realizarán las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Detalles del documento

En uno de los párrafos se señala que “resulta evidente que la decisión adoptada por los ministros de la Corte es eminentemente política y parcial, por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de Coparticipación Federal”.

“La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de Coparticipación del distrito más rico del país”, argumentan los legisladores.

En ese sentido, agregan: “En tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que justificaron un aumen­to desproporcionado de este coeficiente no fueron debidamente atendidos”.

Por otro lado, cabe mencionar que al proyecto de resolución se agregaron nuevas denuncias a ser investigadas, entre las que se encuentra el manejo de la obra social del Poder Judicial.

Citarán a los jueces y a 44 testigos

Además de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, en el texto se proponen citar a otros 44 testigos, entre ellos el asesor de Rosatti, Silvio Robles, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, el ministro del Interior de la Na­ción, Eduardo “Wado” de Pedro, y referentes de organismos de derechos humanos.

Por su parte, también figuran como citados el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como así también sus pares de Chaco, Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En tanto, el listado es completado por Carlos Zannini, Eugenio Zaffaroni, la ONG Abuelas de Plaza de Mayo y la Red Nacional Hijos, entre otros.