Morales y su “empresa de espionaje ilegal”

Una “empresa de espionaje ilegal”. Así lo definió la Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos en una denuncia que presentó en contra de funcionarios del gobierno de Jujuy por armado de causas.

La presentación se realizó en la Fiscalía Federal de Jujuy y los acusados son el ministro de Seguridad de la provincia, Luis Alberto Martín; el jefe de Policía, Héctor Herbas Mejía; el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía provincial, Marcelo Rodríguez; el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Diego Funes; y el juez de Control en lo penal y Delitos contra la Administración Pública de Jujuy, Rodolfo Fernández. Se los denuncia “por la presunta comisión de delitos de acción pública, por hechos violatorios de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional”.

Según detallaron desde la organización, "la primera acción de esta empresa de espionaje fue la infiltración en marchas y movilizaciones”.

La directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, en la CTA de Jujuy declaró que “cometida la infiltración, el fiscal Funes solicita allanamientos, que también constan en la denuncia, y con eso va construyendo hipótesis delictivas de las que el juez de control toma intervención tres meses después”.

También afirmó que los funcionarios “realizaron tareas de espionaje ilegal sin denuncias previas que vinculen la comisión de una actividad criminal”.

“Estas tareas de espionaje ilegal según los hechos y las pruebas que constan en esta denuncia fueron encomendadas a la Agencia de Delitos Complejos provincial”, apuntó.

“Definitivamente es una empresa de espionaje ilegal”, afirmó, ya que “obedece a una estrategia del Gobierno para el aniquilamiento del que piensa diferente” y donde “Morales debe ser también el garante de que se cumpla la Constitución Nacional en la provincia, con los debidos procesos, tratados internacionales, así como en todas las jurisdicciones del país”.

La denuncia se realizó en el marco de la cuarta visita de la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos a Jujuy con participación de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.

La persecución en todo su esplendor

En esta visita a la provincia del norte argentino, los integrantes de la Comisión aseguraron que en lugares como San Pedro “recepcionamos muchísimas denuncias de pequeños productores muy preocupados porque les están iniciando causas, algunos ya imputados, debido a que tienen una orden de desalojo de la tierra que ocupan para la agricultura familiar”.

“Sufrimos un acto de espionaje ilegal, infiltración, en particular lo puedo comentar porque lo sufrimos, era un oficial de policía vestido de civil que también es ayudante de un fiscal”, afirmó la abogada del Ministerio de Justicia de la Nación, Daniela Verón, integrante de la Comisión y dijo que “tras advertirle, se retiró”.

Por último, el referente del Movimiento Evita de Jujuy, José Zurita, indicó que la práctica del espionaje la “observan continuamente” a través de “la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy que va a las casas de los compañeros y compañeras y le pregunta a los vecinos si los conoce, qué hacen, de qué vive y trabaja”. También esto ocurre, dijo, en los comedores y merenderos donde hay niños y adultos mayores.