Otro invento macrista: sobreseen a Cristina por una causa impulsada por Bonadio

La vicepresidenta Cristina Kirchner fue sobreseída ayer, junto a más de 200 exfuncionarios y empresarios, en el marco de una causa vinculada al caso de los cuadernos. La opinión del penalista Alejandro Belfer:

Alejandro Belfer, abogado de algunos de los empresarios falsamente acusados, detalló al diario Hoy: “Imputaron a funcionarios del gobierno de Cristina por otorgar subsidios a empresas de transporte público de pasajeros o de colectivos, básicamente, de forma fraudulenta”.

A su vez, contó cómo era la presunta maniobra ilegal: “Supuestamente las empresas habrían falseado el kilometraje recorrido porque el subsidio se otorgaba en función del kilometraje: mientras más recorrías, más subsidios recibías como empresa”.

“Todos estos empresarios sobreseídos, que son más de 200, fueron todos llamados a indagatoria por Bonadio, todos fueron a declarar, no solo los que defendí yo, obviamente todos declararon la verdad, y Bonadio lo que hizo fue procesar a Cristina y a los funcionarios políticos”, aseguró Belfer.

Además, el abogado contó que “los defensores apelaron, pasó a la Cámara, la Cámara revocó el procesamiento, pidió falta de mérito y pidió que se investigara. Obviamente, cuando se tuvo que investigar, no hubo posibilidad de investigar nada, porque no había nada”.

Finalmente, esta maniobra de lo que fue la mesa judicial del macrismo terminó en la nada, sobre lo cual Belfer afirmó: “Obviamente, Bonadio murió en marzo, y como no pudieron encontrar nada y no pudieron acreditar nada de lo que decían, Martínez de Giorgi, que es el que subrogó el expediente con la muerte del otro juez, sobreseyó a todos”, concluyó el penalista.

El fallo

Para el juez Bonadio, la supuesta defraudación se había prolongado desde julio de 2003 hasta marzo de 2014, cuando se instalaron GPS en los colectivos y había sido por un monto superior a los 609.000 millones de pesos.

Para Martínez de Giorgi, esa supuesta defraudación no pudo ser probada porque, por ejemplo, no fue posible demostrar las ­diferencias entre los kilómetros recorridos por el transporte público y los reportados –por declaración jurada– para percibir los subsidios.

En un fallo de más de 200 páginas, el magistrado sostuvo que la investigación se topó con un escollo insalvable que lo llevaba a disponer el sobreseimiento de los imputados: “La imposibilidad de realizar peritaje alguno que permita aclarar los hechos investigados”.

Los sobreseimientos dispuestos por el reemplazante de Bonadio alcanzaron también al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y Alejandro Ramos, además de a más de dos centenares de empresarios del transporte.

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El exministro De Vido y el exsecretario Schiavi, sin embargo, continuarán siendo investigados junto al exinterventor de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Antonio Sícaro, y a los empresarios Oscar Strano y Ricardo Díaz, por el caso de la empresa Transporte Interprovincial Rosarina (Tirsa), que durante el período comprendido entre mayo y noviembre de 2010 recibió cupos de gasoil a precio diferencial sin ­prestar servicios.
Cuando la expresidenta fue citada a indagatoria por este

expediente, cuestionó el trámite de la causa, señaló que las irregularidades investigadas resultaban ajenas a su competencia como presidente de la Nación y recordó que había sido su propio gobierno el que había instalado los GPS en los colectivos.

Tras analizar los elementos incorporados al expediente y avanzar en la dirección encomendada por la Cámara Federal porteña, que, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi había ordenado profundizar la investigación y realizar una nueva pericia, el juez Martínez de Giorgi determinó que correspondía dictar los sobreseimientos.

“Si la AGN (Auditoría General de la Nación) y la Sigen (Sindicatura General de la Nación) enfrentaron las dificultades detalladas en sus informes ya reseñados y terminaron aludiendo a las complejidades de los sistemas y los problemas para su control, no parece posible encontrar organismo o especialista alguno que pueda superar sus trabajos”, sostuvo el magistrado.

“En tales condiciones, luego de más de seis años de instrucción y sin medidas útiles por producir, las consideraciones conducen indefectiblemente a los sobreseimientos de los imputados”, concluyó.

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