Paro general y reforma laboral: entre la pulseada sindical y la batalla legislativa

Este jueves 19 de febrero quedó configurado como una jornada de alta tensión política y social. La Confederación General del Trabajo ratificó un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en simultáneo con la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto. La medida sindical comenzó a las cero horas, sin movilización, bajo la consigna de “calle vacía”, y con impacto directo en transporte, producción y administración pública.

Desde la central obrera, uno de los cosecretarios generales, Jorge Sola, sostuvo que la iniciativa oficial “debilita sindicatos y derechos laborales” y cuestionó en particular el Fondo de Asistencia Laboral. En la conferencia brindada en la sede de Azopardo, la conducción cegetista confirmó la adhesión de los principales gremios del transporte. La parálisis alcanzó servicios ferroviarios, subterráneos y, en principio, colectivos, aunque la situación de la Unión Tranviarios Automotor quedó atravesada por la conciliación obligatoria vigente por su conflicto paritario. Aun así, la CGT aseguró que la huelga será “total”.

La protesta se inscribe en un contexto de creciente conflictividad. La dirigencia sindical vincula la convocatoria con la pérdida de empleo formal, la erosión del salario real y el cierre de empresas. En ese marco, la central expresó su solidaridad con los trabajadores de Fate, tras el anuncio de cierre de la planta de Virreyes, episodio que reforzó el clima de malestar en sectores industriales y gremiales.

En paralelo, el oficialismo avanzó con su estrategia parlamentaria. Con la media sanción obtenida en el Senado —42 votos afirmativos contra 30 negativos—, La Libertad Avanza aceleró los tiempos para llevar el texto al recinto de Diputados. El plenario conjunto de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda emitió dictamen en un trámite abreviado, con un esquema acotado de exposiciones. La sesión especial fue fijada para las 14, con la expectativa de un debate extenso que podría derivar en una votación entrada la madrugada del viernes.

El proyecto llega a la Cámara baja con ajustes relevantes. El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, confirmó el retiro del artículo 44, referido al régimen de licencias por enfermedad, luego de las críticas que generó su redacción original. La modificación implica que, de aprobarse con cambios, la iniciativa deberá regresar al Senado para una nueva revisión. El oficialismo, sin embargo, mantuvo sin alteraciones otros puntos sensibles, entre ellos el Fondo de Asistencia Laboral.

Un debate legislativo bajo presión sindical

La discusión parlamentaria se desarrolla bajo la presión simultánea de la protesta gremial y la necesidad política del Ejecutivo de cerrar la reforma antes del 1 de marzo. El objetivo declarado es que el Presidente Milei pueda presentar la aprobación de la ley como uno de los ejes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias. Para cumplir con los plazos reglamentarios, el Gobierno prorrogó las extraordinarias hasta el 28 de febrero y consolidó una mayoría favorable en las comisiones clave.

La oposición cuestionó la celeridad del tratamiento. Germán Martínez, de Unión por la Patria, habló de “desprolijidad” en el trámite legislativo, mientras que Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, calificó el proyecto en términos críticos y denunció la falta de consensos amplios. El oficialismo, por su parte, defendió la urgencia del debate y argumentó que la reforma apunta a reducir la litigiosidad

y promover la creación de empleo formal.

En ese escenario, la CGT endureció su postura. La conducción anticipó que judicializará la norma en caso de aprobación, al considerar que vulnera principios constitucionales y el criterio de progresividad de los derechos laborales. La advertencia agrega un componente de incertidumbre institucional a una jornada ya marcada por la confrontación política y la virtual paralización de actividades.