Piden seguir investigando si el traslado de Bertuzzi estuvo vinculado con la condena a Boudou
El representante del Ministerio Público Fiscal, Franco Picardi, presentó un escrito de 11 páginas con el que apeló el archivo dispuesto por el juez federal Ariel Lijo.
El fiscal Franco Picardi apeló el fallo con el que se dispuso el cierre de la causa en la que se investigaba si el traslado del juez Pablo Bertuzzi de un tribunal oral a la Cámara Federal porteña pudo estar vinculado con la condena del exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.
El representante del Ministerio Público Fiscal presentó un escrito de 11 páginas con el que apeló el archivo dispuesto por el juez federal Ariel Lijo, quien tras las primeras medidas de prueba había considerado que el traslado de Bertuzzi no guardaba relación con el papel que jugó en el juicio contra Boudou.
“Para esta parte no es posible condonar la decisión de archivo adoptada, pues las actividades probatorias del caso, pertinentes a la investigación que debe sustanciarse en relación a la hipótesis delictiva presentada, se encuentran incompletas. De modo que la resolución de archivo que recurro es prematura”, sostuvo el fiscal en el escrito presentado el 14 de julio, pero que trascendió hoy.
En el documento se detalló que aún existen medidas de prueba que podrían arrojar luz sobre los hechos investigados, como aquellas tendientes a dilucidar si existieron comunicaciones indebidas en relación al traslado de Bertuzzi.
Para ello se había solicitado la certificación de los contenidos del teléfono celular del entonces secretario de Mauricio Macri y actual legislador porteño, Darío Nieto, que pudieran estar referidos al juez en cuestión.
Esa medida surgía de las presentaciones realizadas por el abogado de Boudou, Alejandro Rúa, que había aportado notas periodísticas que ponían de relieve que en el celular de Nieto, secuestrado en otra causa judicial, se habían hallado anotaciones referidas a encuentros de Macri con magistrados.
El traslado de Bertuzzi a la Cámara Federal porteña fue aprobado por decreto durante el gobierno de Juntos por el Cambio el 13 de septiembre de 2018, luego de pedir opinión a los demás integrantes del tribunal de apelaciones con sede en Comodoro Py 2002, y poco más de un mes después de que Boudou fuera condenado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4.
De las notas periodísticas aportadas por el abogado Rúa al expediente surgía que Bertuzzi habría establecido negociaciones con miembros del gobierno con miras a conseguir su traslado al tribunal de alzada, y que ellas habrían sido concomitantes al desarrollo del juicio que culminó con la condena de Boudou.