Pidieron la destitución del fiscal general adjunto de Lomas de Zamora

La ONG platense Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentó un pedido de destitución contra el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, a quien acusa por perseguir de modo ilegal a jueces, otros fiscales y líderes opositores. El fiscal acusado es uno de los funcionarios del Ministerio Público provincial más cercanos al actual procurador bonaerense, Julio Conte Grand.

El pedido presentado por la organización señala que Scalera y otros fiscales “amenazaron, denunciaron y disciplinaron a los magistrados de distintos fueros, principalmente los del fuero penal, civil y comercial, a fin de lograr que se dictaran procesamientos, allanamientos y detenciones sin sustento jurídico contra opositores o para manipular la opinión pública”.

En la presentación ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, AJUS argumenta que Scalera y otros fiscales ­subordinados de Lomas de Zamora, con el aval del procurador Conte Grand, instalaron un sistema de persecución contra opositores a los entonces gobiernos del expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El escrito sostiene que la Procuración de la provincia de Buenos Aires promovió y permitió el lawfare en Lomas de Zamora.

Desde AJUS explicaron que la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento tramitará el pedido, luego ordenará la recolección de pruebas a un cuerpo de instructores y, por último, comenzará el proceso de destitución. De ese modo lo establece el procedimiento para enjuiciar a magistrados y funcionarios. Es posible que el proceso de destitución pueda ocurrir antes de fines de 2021.

En la acusación, la ONG relata que la propia Comisión Provincial por la Memoria denunció ante la Suprema Corte que el fiscal Scalera había montado un sistema de inteligencia ilegal, con fuertes lazos con la Justicia federal y provincial para manejar causas. Y que ese sistema posibilitaba intimidar y presionar a magistrados y funcionarios judiciales, cuyas decisiones iban en contra de lo que querían las gestiones gubernamentales de Macri y Vidal. El máximo tribunal bonaerense pidió a Conte Grand que investigara a los fiscales acusados. Sin embargo, el procurador desoyó todos los pedidos y decidió protegerlos.

AJUS solicitó la destitución para Sebastián Scalera y sus fiscales subordinados, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert.