Posible cierre de la causa del memorándum con Irán por “inexistencia de delito”

Los jueces María Gabriela López Iñiguez, José ­Michilini y Daniel Obligado ­decidieron incorporar los planteos por “inexistencia de delito” en el marco de la acusación por presunto encubrimiento del atentado de la AMIA, lo cual podría concluir en el cierre del caso con sobreseimientos a todos los procesados y sin la necesidad del juicio oral.

Al finalizar la audiencia del miércoles último y tras un cuarto intermedio que se anunció para revisar la grabación, los magistrados anunciaron su decisión de incorporar en esta instancia del debate los planteos de inexistencia de delito.

Los jueces aludieron a razones de “economía procesal” después de escuchar a las defensas repetir que “no hubo delito” y fundamentar al respecto, al reclamar sobreseimientos para todos los imputados.

“Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación. Un juez que jugaba al tenis con Mauricio Macri no puede ser imparcial ante una causa que me involucra. ¿En serio quieren hacernos creer que estas causas son legítimas?”, había expresado en esa instancia la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

La causa podría ser cerrada por dos motivos: la nulidad generada a raíz de la conducta de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y la consiguiente violación de la garantía constitucional de juez natural e independencia judicial (luego de las visitas al expresidente Macri) o por inexistencia de delito.

Además de la vicepresidenta, en la causa están procesados el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; el senador Oscar Parrilli y el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, entre otros.

La denuncia de Nisman por supuesto “encubrimiento agravado” sostiene que se habría buscado el cese de las alertas rojas de captura internacional contra ciudadanos iraníes acusados por el ataque del 18 de julio de 1994. Esta fue cerrada por “inexistencia de delito” en febrero de 2015 por el juez federal Daniel Rafecas.

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2019, el máximo tribunal penal federal del país, con los votos de Borinsky, Hornos y Ana María Figueroa, reabrió la causa tras analizar la supuesta aparición de nueva prueba.