Reunión entre el municipio, la Provincia y manteros por la venta ambulante

Funcionarios de la Municipalidad de La Plata, el gobierno bonaerense y el Ministerio de Justicia de la Nación se reunieron ayer con representantes de los manteros (vendedores ambulantes) de nuestra ciudad para avanzar en la resolución del conflicto con los comerciantes registrados por la venta ilegal en el espacio público.

Tal como lo informó diario Hoy en su edición del lunes, inspectores municipales notificaron la semana pasada a los manteros ubicados en esquinas céntricas de la ciudad que antes de este viernes deberían inscribirse en un Registro de Puesteros y “mudarse” al paseo comercial de 80 y 136, bajo pena de multas y hasta arrestos. Ayer, la comuna avanzó en esa dirección, colocando en varios puntos de la ciudad carteles que advierten que la venta ambulante está prohibida.

Del encuentro de ayer participaron el secretario de Seguridad de la comuna, Darío Ganduglia; el nuevo titular del área de Control Ciudadano, Néstor Pulichino; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, y la directora de Pluralismo e Interculturalidad, Paloma Fernández Tomic; también Jerónimo Guerrero Iraola, por la Defensoría del Pueblo bonaerense, y también representantes de los manteros senegaleses que trabajan en el casco urbano platense.

“En un contexto de crisis económica como la que se está viviendo, nosotros como Estado también tenemos que apoyar y defender al sector del comercio legal, que está tan castigado”, explicó un vocero de la ciudad a diario Hoy. Precisó que en esta primera etapa convocaron a los vendedores instalados en circuitos comerciales como el de calle 8 y el de calle 12 y que en una próxima fase lo harán con las ferias americanas que se instalan en Plaza Italia y otros lugares concurridos.

Mientras tanto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y otras organizaciones de Derechos Humanos siguen criticando lo que consideran una “persecución” hacia los vendedores ambulantes, y especialmente hacia los de origen senegalés.

La CPM, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) se presentaron en la causa judicial abierta a partir de una denuncia de la Municipalidad que apuntaba a la existencia de una organización mafiosa dedicada a la trata de personas detrás de la presencia de manteros africanos en la ciudad. La denuncia, presentada en agosto del año pasado, también consignaba los delitos de falsificación de marcas, encubrimiento de contrabando y evasión tributaria.

“Creemos que el Estado también tiene que investigar esa situación, porque de alguna manera la indumentaria falsificada entra al país y llega a las manos de estos vendedores que forman parte de una red ilegal”, dijo una fuente del municipio a diario Hoy.

“La denuncia la hicimos. No fue para cazar a los senegaleses. Fue por una cuestión netamente humanitaria, porque estas personas son explotadas laboralmente y permanecen en la marginalidad”.