Stornelli, a un paso del juicio oral por espionaje ilegal

El juez Alejo Ramos Padilla acusó formalmente al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, al fiscal Carlos Stornelli y al periodista de Clarín, Daniel Santoro, de formar parte de una asociación ilícita paraestatal durante el macrismo. El procesamiento también se extiende a Pablo Pinamonti, alto funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos, que estaba a cargo del llamado “Proyecto AMBA”: un personaje clave, a quien respondía toda la estructura cuyo punto de encuentro es D’Alessio.

“Aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudomafiosos”, escribió Ramos Padilla en la resolución que detalla más de 60 operaciones de inteligencia. El magistrado, incluso, incorporó dentro del procesamiento la inteligencia ilegal sobre el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Otro de los acusados es el compinche de D’Alessio, Hugo Rolando Barreiro, también los fiscales Juan Ignacio Bidone y Stornelli. A este último, el juez dictaminó que se le retenga el pasaporte y fijó una caución por 10 millones de pesos. Eduardo Casal, procurador general interino, también fue notificado por Ramos Padilla como parte de una asociación ilícita paraestatal. La misma suerte corrió para la Comisión Bicameral que monitorea al Ministerio Público, encabezada por el senador Martín Doñate.

Si bien Ramos Padilla ya había procesado a Stornelli por siete casos, ahora amplió el procesamiento del fiscal federal por los aprietes contra Pablo Barreiro, el exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner, con miras a involucrar a la expresidenta en la causa cuadernos.

Ramos Padilla considera que los hechos que vinculan a D’Alessio, Stornelli, Santoro, Pinamonti y compañía deben ser elevados a juicio. Mientras tanto, el juez investiga el espionaje en la provincia de Buenos Aires, motivo por el cual indagó a las máximas autoridades de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Las indagatorias continuarán la semana que viene con los máximos responsables de tres bases históricas de la AFI en la Provincia: la de La Plata, la de Bahía Blanca y la de Mar del Plata, de donde surgió el espionaje a los familiares del ARA San Juan.

Por otra parte, también se dispuso en el comunicado la retención de sus pasaportes, así como la imposición de una caución real por la suma de diez millones de pesos que deberá cuplimentar en el término de 3 días.