Trabajadores judiciales bonaerenses retienen tareas presenciales
Pablo Abramovich, secretario general del gremio, detalló a diario Hoy la situación del sector.
La semana pasada los trabajadores nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense reclamaron por la suspensión de tareas presenciales, debido al aumento de contagios de Covid-19 en la comunidad. Pablo Abramovich, secretario general del gremio, detalló a diario Hoy la situación del sector.
“Esperamos una instancia de diálogo por parte de la Justicia bonaerense o que se dicte una resolución que redireccione el reclamo, y como no sucedió, extendimos la medida hasta el 14 de mayo”, aseguró Abramovich.
Mediante un comunicado, la AJB expresó que “en este contexto la única decisión responsable por parte de la Suprema Corte es aquella que limite la aglomeración de personas en espacios cerrados y restrinja la circulación en el ámbito público”, por lo tanto, solicitaron que se establezca una nueva modalidad de organización del trabajo que “tenga como regla general el trabajo remoto”.
“Hasta la última semana de abril se habían registrado más de 3.000 contagios en total en el Poder Judicial que representan al 11% de los trabajadores, mientras que en abril solamente registramos 800, un número que se disparó respecto de los meses anteriores”, agregó Abramovich a diario Hoy.
Los trabajadores requirieron que la Suprema Corte convoque a una mesa de trabajo conjunta para consensuar las acciones necesarias que permitan garantizar la continuidad del funcionamiento de la administración de Justicia.
“Lo que planteamos es que, aumentando al máximo tareas remotas, podemos reducir fuertemente los contagios sin modificar la respuesta que dé el Poder Judicial a la comunidad sustancialmente”, dijo el dirigente.
Según lo que declaró a este multimedio el secretario general del gremio, actualmente la presencialidad en el Poder Judicial afecta a más de 100.000 trabajadores de la provincia de Buenos Aires. “Muchas tareas que se podrían hacer remotas se están haciendo de manera presencial, porque el contexto pide que adaptemos las condiciones, como por ejemplo, atender fundamentalmente las cuestiones urgentes, como divorcios o denuncias por daños y perjuicios”, agregó.
“No es una huelga, es una medida de fuerza que cambia la modalidad de trabajo y no va a tener impacto en los trámites que se están realizando, como la realización de audiencias, el despacho de expedientes y todas las funciones a cargo del Poder Judicial”, concluyó Abramovich.