Vuelve a cobrar fuerza el debate sobre una ley antinegacionista

El acto que la diputada libertaria Victoria Villarruel realizó el lunes pasado en la Legislatura porteña vuelve a traer a debate la posible sanción de una ley antinegacionista para “ponerle un límite” a los funcionarios públicos y generar un “reaseguro” de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Frente a la proliferación de este tipo de discursos, vuelve a aparecer en escena la posibilidad de que Argentina sancione una ley antinegacionista y que se avance en un consenso en torno a alguno de los proyectos sobre los que se está trabajando.

En ese sentido, la directora de Memoria Abierta e integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Verónica Torras, distinguió dos modalidades entre la “decena” de proyectos que se vienen presentando en el Congreso desde 2016 sobre esta temática.

“Hay proyectos que eran indiscriminados en términos de quién podía ser el sujeto de aplicación de la ley y planteaban como agravante el caso en que el delito fuera cometido por un funcionario público. Preveían además una sanción de prisión, y definían el tipo penal de modo relativamente abierto bajo la categoría de genocidio”, señaló.