Extienden la preventiva para exoficial de Inteligencia por crímenes en la comisaría Octava

El TOC Federal n°1 de La Plata ordenó extender durante seis meses la prisión preventiva para el exoficial de Inteligencia, Luis Diedrichs, acusado por crímenes de lesa humanidad en la comisaría Octava cometidos durante la última dictadura cívico militar.

El acusado fue procesado el 22 de junio de 2016 como coautor de “privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterada en 39 oportunidades y por haber durado más de un mes y cinco homicidios calificados”.
Actualmente, el exmilitar se encuentra con arresto domiciliario.

Para los jueces Andrés Basso y José Michilini, hay riesgos de entorpecimiento de la investigación por parte del hombre, además de que la expectativa de pena es muy elevada para dejarlo en libertad.

La citada seccional -que sigue ubicada en 8 y 74- funcionó en la gran mayoría de los casos registrados como el último centro clandestino del circuito local. Es decir, las víctimas que salían de allí no continuaban su periplo en un lugar similar, sino que eran “blanqueadas” y confinadas en unidades penitenciarias o directamente asesinadas.

106 privaciones ilegales

En la investigación, se contabilizan 106 casos de privaciones ilegales y torturas, y seis homicidios de víctimas que poblaron sus calabozos entre 1976 y 1978. En cinco de los casos de las personas asesinadas los registros indican que se les había dado la libertad; en el restante, la muerte fue presentada como un suicidio en la celda. La mayoría de las más de cien víctimas fue anotada en el libro de uso oficial de la comisaría, donde se consignó que estaban “a disposición del Área 113”, nombre y número que recibió la región de La Plata en la división territorial castrense.

Según la pesquisa de los fiscales, "la particularidad de este lugar de detención se dio por ser un paso intermedio entre la total clandestinidad de la que la mayoría de los detenidos provenían, al blanqueo que se daba al poner a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a las personas y remitirlas a unidades penitenciarias o liberarlas (con excepción de quienes fueron asesinados). En ese contexto los detenidos eran anotados en los libros de la dependencia que también eran usados para anotar a detenidos comunes que estaban a disposición de jueces en el marco de causas judiciales”.

“Las víctimas permanecían en la comisaría bajo condiciones inhumanas, sufriendo padecimientos físicos y psíquicos, inescindibles de la propia situación de cautiverio en la que se encontraban”, indicaron los investigadores. Y señalaron que seis de las 106 víctimas fueron asesinadas. En cinco de esos casos, los cuerpos aparecieron en la vía pública después de que se asentara en los libros policiales que habían sido liberadas. En el restante, se simuló la escena de un suicidio por ahorcamiento en una de las celdas.