Le negaron la excarcelación a Enrique Cicciari, acusado por crímenes de lesa humanidad

El Tribunal Oral Criminal Federal n°1 de La Plata le negó la excarcelación a Enrique Cicciari, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívicomilitar, cuando se desempeñaba en la comisaría Octava de esta ciudad.

El recurso había sido presentado por los abogados Gerardo Ibáñez y Carmen Ibáñez a cargo de la defensa del imputado, ya que el mismo se encuentra con “prisión preventiva hace muchos años y a la fecha no existe el menor atisbo acerca de cuándo dará comienzo el juicio pendiente”, señalaron los profesionales.

Al resolver el planteo, indicaron: “Tal como lo hemos referido las condiciones reseñadas, en ocasión de disponer la prórroga de la prisión preventiva, se mantienen vigentes a la fecha por lo que nos remitimos en un todo a los argumentos allí desarrollados”, aunque el acusado se encuentra con arresto domiciliario.

Cicciari afronta cargos por cuatro homicidios agravados, 36 privaciones ilegítimas de libertad con violencias o amenazas y 25 privaciones ilegítimas de libertad con violencias o amenazas por más de un mes en el marco de la causa que se encuentra en la Justicia Federal La Plata, a la espera de que se fije fecha de juicio.

El coronel estuvo prófugo durante cuatro años con pedido de captura por el Ministerio de Justicia de la Nación. Finalmente, fue capturado en 2016 en el domicilio donde actualmente reside en Mina Clavero. En 2017 le fue concedido el beneficio de la prisión domiciliaria por los camaristas Juan Carlos Gemignani, Angela Ledesma y Eduardo Riggi.

Condiciones inhumanas

Según la acusación de la fiscalía, “la comisaría Octava fue un centro clandestino de detención que, en la mayoría de los casos, funcionó como escenario para el reconocimiento público por parte de la dictadura de las detenciones ilegales, en el caso de los sobrevivientes”.

“La particularidad de este lugar se dio por ser un paso intermedio entre la total clandestinidad de la que la mayoría de los detenidos provenían, al blanqueo que se daba al poner a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a las personas y remitirlas a unidades penitenciarias o liberarlas (con excepción de quienes fueron asesinados)”, agregaron los representantes del Ministerio Público.

En ese contexto, según la investigación “los detenidos eran anotados en los libros de la comisaría que también eran usados para anotar a detenidos comunes que estaban a disposición de jueces en el marco de causas judiciales”.

Los fiscales remarcaron que “las víctimas permanecían en dicha comisaría bajo condiciones inhumanas de detención, sufriendo padecimientos físicos y psíquicos”.