El Oyarbide bonaerense suma acusaciones

Tras el demoledor dictamen de la Procuración, adelantado por el diario Hoy la semana pasada, se conoció que la Suprema Corte le inició 73 actuaciones disciplinarias al polémico juez Melazo por distintas irregularidades. Podrían suspenderlo en breve

La próxima semana, más precisamente el miércoles 12 de octubre, se reiniciará el jury contra el polémico y denunciado titular del Juzgado de Garantías Nº2 de La Plata, César Ricardo Melazo, acusado de graves delitos en el ejercicio de sus funciones como magistrado.

A las graves acusaciones realizadas desde la Procuración bonaerense (ver página 7), que fueron adelantadas por el diario Hoy el pasado 28 de septiembre, se le suman numerosas infracciones que habría cometido como magistrado y que fueron advertidas por la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Así lo informaron desde la Corte al tribunal que está llevando adelante el jury contra el controvertido juez platense. 

La próxima sesión del tribunal de enjuiciamiento estará marcada por el dictamen de la Procuración bonaerense. Este documento no solo confirma que una de las causas en la que está acusado Melazo no se encuentra prescripta (irregularidades en el expediente que se inició por el robo de 4.000 chanchos y 1.000 caballos), sino que también avanza en una serie de graves delitos en los que habría incurrido el magistrado. 

El dictamen considera que el juez debería ser apartado del cargo y ser acusado, ante la Justicia ordinaria, por los delitos  de abuso de autoridad, omisión de deberes inherentes al cargo, participación en extorsión y cohecho. 

Con este demoledor dictamen, hay quienes especulan con que el próximo 12 de octubre se le podría aplicar a Melazo el artículo 29 bis, incorporado por la ley 14.441 a la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados (13.661). Dicho artículo estipula que el denunciado puede ser apartado de su cargo por un lapso de 90 días en virtud de la naturaleza y gravedad de los hechos, mientras se realiza el jury. Otras fuentes aseguran que la semana próxima se le podría correr traslado a Melazo para que responda las acusaciones,  con un plazo de 30 días para hacerlo, mientras que el tribunal podría tomarse otros 15 días para expedirse. 

Tal como viene informando Hoy, Melazo está siendo sometido a un juicio político por su actuación en la mencionada causa de abigeato y en otra abierta a partir de distintas denuncias de los senadores provinciales Juan Pablo Allan (Cambiemos) y Jorge D’Onofrio, en las que acusan al magistrado platense de haber dictado irregularmente el sobreseimiento de un sindicalista imputado en una causa que se tramitaba en el juzgado de Marcela Garmendia cuando la jueza estaba de vacaciones. La magistrada declaró días atrás en el tribunal y habría sido lapidaria con su colega. Además, los senadores también acusan al juez de haber cometido una serie de maniobras ilícitas que facilitaron la fuga del barrabrava Marcelo Mallo.

En el escrito que dirigió al titular del tribunal de enjuiciamiento, Luis Genoud, la Procuración subraya que el deber del juez de Garantías “consiste en controlar la legalidad de la actuación del Ministerio Público Fiscal y en garantizar el pleno ejercicio de los derechos y garantías de las personas sometidas a proceso”.

 “Me permito afirmar que, durante su trámite, se han afectado más bienes jurídicos que aquellos a los que supuestamente se pretendió proteger”,  remarca el demoledor documento.

El cuestionado magistrado ya hizo todo lo que pudo para evitar el avance del jury, ya que recusó a casi todos los integrantes del jurado de enjuiciamiento, incluso a su presidente, Genoud. Todos sus intentos fueron en vano: cada una de sus presentaciones fueron rechazadas.

Radiografía de un dictamen demoledor

- Cohecho. Según el dictamen de la Procuración, el magistrado acusado recibió dinero para dictar una resolución que favoreció la situación procesal del detenido Christian García, y habilitó a su abogado defensor a solicitar su excarcelación. La madre del detenido declaró que la citaron a un estudio jurídico de calle 55 entre 3 y 4, y le dijeron que había que pagar “un bolazo de plata” para liberar a su hijo. 

García estuvo preso 33 días, y después de que su madre entregó el dinero de una serie de cheques quedó en libertad. “Todo este entramado concluyó con el dictado de la resolución de fecha 2-07-2003, en la que Melazo cambió la calificación de asociación ilícita a encubrimiento agravado. No debe pasarse por alto que, previamente, se había solicitado la excarcelación y que había sido rechazada por el mismo juez”, dice la Procuración. Y destaca que la liberación se produjo apenas tres horas después del cambio de calificación.

- Órdenes de registro y secuestro con deficiencia y orfandad probatoria. El fiscal Carlos Gómez, destituido en 2013, le solicitó más de 50 allanamientos en la causa por el abigeato de cerdos y caballos, medidas a las que el juez Melazo hizo lugar en su totalidad. Todo esto se hizo en base a declaraciones de personal policial que luego fuera condenado por el delito de extorsión contra uno de los imputados.

- Primero el allanamiento, luego la orden de registro. Melazo dispuso el 30 de mayo de 2002 el secuestro de 2.527 porcinos que quedaron bajo custodia judicial. La diligencia no se practicó en la fecha dispuesta por Melazo, sino un día antes y esta grave irregularidad fue pasada por alto por él, constatándose –según la Procuración- una clara falsedad de instrumento público. “Con su desidia el magistrado favoreció la maniobra delictual de los fucionarios públicos. Esto deja en evidencia su connivencia con los sujetos condenados por extorsión”, reza el dictamen.

- Detenciones ilegales. El juez Melazo dispuso 14 de las 16 detenciones solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, sin verificar las condiciones que exige la ley. Las dos limitaciones al pedido de detención  las impuso también arbitrariamente.

- Irregularidades en la autorización de escuchas telefónicas, sin la correspondiente fundamentación. Se repitió en varias ocasiones. Según la Procuración, el juez recurrió a clichés para ordenar una medida que afectaba el derecho a la intimidad.

- Sin reglas. Según la Procuración, el juez Melazo violó las reglas procesales al intervenir en la varias veces citada investigación penal preparatoria nº 107.064 en hechos presuntamente delictivos, respecto de los cuales carecía de competencia. El magistrado acusado se avocó al conocimiento de presuntos delitos, pese a la clara circunstancia territorial que impedía su intervención jurisdiccional. Igual conducta asumió en la investigación de ilícitos cometidos en Berazategui, partido que pertenece al Departamento Judicial de Quilmes.

- Omisión del control de los hechos imputados a detenidos. El dictamen destaca que el juez imputó a distintas personas a ciegas, incluso respecto a hechos futuros al tiempo de las escuchas que, cuanto menos, “resultaron malinterpretados por una investigación corrupta”. Para la Procuración, el juez no controló la existencia de los vicios que acarreaban las nulidades de todas las actas de declaración.

- Incumplimiento del deber. De acuerdo a lo analizado por la Procuración, el juez de Garantías se apartó del estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso durante la etapa instructoria. “La inexistencia de control fue deliberada a fin de facilitar la comisión de delitos de acción pública, tanto policiales como del Ministerio de Asuntos agrarios”, remarca el dictamen.