La UBA estudia el impacto económico del programa espacial argentino

Investigadores de la Universidad de Buenos Aires realizaron una evaluación del impacto y la potencialidad de la actividad espacial impulsada por el estado en la Argentina.

“En el sector espacial, la información que generan los satélites permite proveer de servicios a una gran cantidad de industrias no espaciales. Las capacidades acumuladas por las empresas que participan, aguas arriba, en la cadena de valor les permite insertarse en otras actividades económicas. También los desarrollos tecnológicos generados derraman en otros sectores, como ha sucedido con el desarrollo de radares a partir del proyecto Saocom”, sostuvo Paulo Pascuini, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA.

A lo largo de los años, el país ha generado un ecosistema de instituciones y empresas que participan de estos proyectos espaciales, generando beneficios para el conjunto de la sociedad.

“Aunque, hasta el momento, los sectores de alta tecnología en la Argentina no han generado efectos sustantivos en términos de empleo o en la balanza comercial, tienen un gran potencial de impactar en el resto de la economía”, agregó el investigador.

“Se trata de sectores que generan y difunden conocimiento a partir de las vinculaciones con proveedores, socios y clientes, y de la movilidad de recursos humanos altamente calificados. Esto es de suma relevancia ya que las posibilidades para diversificar la producción y las exportaciones dependen en buena medida de la acumulación de capacidades previas en otros sectores, donde los tecnológicamente más complejos facilitan nuevos procesos de diversificación productiva en actividades que requieren capacidades relacionadas”, explicó.

Y concluyó: “La diversidad de beneficios que trae la actividad espacial incluye un mejor control sobre la dotación de recursos naturales, la prestación de servicios de internet a áreas de poca cobertura, una más rápida reacción frente a catástrofes naturales, mejores pronósticos de riesgo de incendios, de calidad del aire, monitoreo costero para la detección de derrames de petróleo, control de fronteras, investigaciones científicas y la prestación de servicios de navegación o geolocalización”.