El gobernador de Arequipa pidió al Congreso que acorte los plazos para los comicios

El gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, alentó al parlamento a buscar la manera de que este 2023 se puedan celebrar elecciones presidenciales, uno de los principales reclamos de las multitudinarias protestas que sacuden a Perú desde el 7 de diciembre último, cuando fue destituido el presidente Pedro Castillo y asumió su cargo la vicepresidenta Dina Boluarte.

En este sentido, Sánchez exhortó al Congreso a acortar los plazos para que el adelanto de elecciones se realice este año y no esperar hasta el 2024, como determinó el parlamento para intentar (sin éxito) calmar las demandas de los manifestantes, que reclaman la salida inmediata de Boluarte y de los miembros del Congreso. En un principio, los comicios estaban previstos para 2026.

“En el marco de lo que significa la transición democrática y la legalidad corresponde reflexionar y actuar en el Congreso en recortar los plazos para que las elecciones se lleven a cabo en el año 2023”, afirmó Sánchez.

El mandatario manifestó que los congresistas no cuentan con legitimidad por su alta desaprobación, y en ese contexto no pueden debatir reformas electorales. Entonces, consideró que esos temas tendrían que verlos en el nuevo parlamento.

“Ya no tienen el respaldo de la población. Por lo tanto, en ese contexto de desaprobación, hacer reformas profundas constitucionales, políticas, electorales, no tiene ningún sentido. Eso dejémoslo para un segundo momento para que el nuevo Congreso haga lo que se necesita hacer”, señaló.

El gobernador arequipeño lamentó que en su región el conflicto social continúe ascendiendo y por ello exhortó al Congreso y al Gobierno a “pensar en el país como corresponde”.

Manifestantes atacaron ayer la comisaría de El Triunfo, en la Joya, Arequipa. Un policía quedó como rehén de los atacantes, pero fue liberado tras una mediación en la que intervino un sacerdote.

Los manifestantes lanzaron piedras hacia la dependencia policial en Arequipa, desde donde los efectivos se defendían lanzando bombas lacrimógenas. Este conflicto dejó por lo menos cuatro heridos, tres de ellos fueron trasladados al centro de salud del distrito, mientras que uno de ellos fue derivado al hospital regional Honorio Delgado.

El 7 de diciembre el Congreso destituyó a Castillo, horas después de que este anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales.

Al menos 55 personas (54 manifestantes y un policía) murieron y más de 1.200 resultaron heridas desde que estallaron las protestas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo.

Desde entonces, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un total de 378 personas acusadas de causar disturbios, informó el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández.

La tensión volvió a escalar a fines de la semana pasada en varios puntos del país. Tras la masiva manifestación del jueves en Lima, la presidenta Boluarte descartó que vaya a presentar su renuncia e hizo un llamado al diálogo para devolver la calma al país.