Huelga y manifestaciones contra la reforma jubilatoria de Macron
Varios líderes sindicales participaron en las movilizaciones para pronunciarse en contra del proyecto.
Más de un millón de personas se manifestaron ayer en Francia contra la reforma de las pensiones impulsada por el presidente centrista Emmanuel Macron.
En el país no funcionaron los trenes, las escuelas permanecieron cerradas y los sindicatos en las calles, en una jornada de protestas masivas contra el impopular retraso de la edad de jubilación a 64 años.
De acuerdo con los sindicatos y a falta aún de cifras de asistencia oficiales, solo en París unas 400.000 personas marcharon contra los planes del gobierno y formaron una marea humana que se expandió durante horas entre la Plaza de la República y la de la Nación.
Algunos de los manifestantes causaron incidentes y destrozos en las calles, por los que fueron detenidas 38 personas.
La reforma del sistema previsional es una promesa de la campaña electoral para la reelección, en 2017, del mandatario francés, de 45 años, tras un primer proyecto en 2020 que tuvo que abandonar por la llegada de la pandemia de coronavirus.
El rechazo social y sindical a la medida es amplio: si bien un 81% de los ciudadanos considera necesaria la reforma, el 61% rechaza este proyecto y el 58% está de acuerdo con la huelga.
Macron, que se encuentra en Barcelona para una cumbre hispanofrancesa, intentó debilitar el frente sindical, considerando que hay gremios que “llaman a manifestar en un marco tradicional” y otros que quieren “bloquear el país”.
“Si queremos ser justos entre las generaciones y salvar nuestro sistema de reparto, debemos hacer esta reforma”, afirmó el mandatario.
El Ejecutivo asegura que la reforma es necesaria porque el sistema va a generar un déficit que alcanzaría los 12.500 millones de euros en 2030.
“La inflación, las condiciones de trabajo, las pensiones... (la gente) está harta de todo esto, y por eso creemos que muchos se unirán a nosotros”, expresó Simone Legendre, miembro del sindicato CFE-CGC, que representa a trabajadores de oficinas.
Tras esta primera acción, los gremios tienen que decidir cómo continuar. El gobierno debe aprobar por su parte el lunes su proyecto final, antes de su debate parlamentario, que podría prolongarse hasta finales de marzo.