Manifestantes israelíes protestan en el aeropuerto de Tel Aviv contra la reforma judicial

Con carteles que mostraban frases como “¡No vuelvas por aquí!” o “Dictador en fuga” en las terminales del aeropuerto Ben Gurion, los manifestantes expresaron su rechazo al primer ministro y a la reforma que, según sus detractores, elimina algunos de los controles institucionales más importantes del país.

Desde el anuncio del proyecto legislativo, a principios de enero, se produjeron manifestaciones masivas. La semana pasada, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, tuvo una accidentada visita al país, también por las protestas contra la reforma, que incluyeron cortes de rutas, y una charla prevista con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallan, que debió cambiar de sede por las marchas.

Los manifestantes ven en la reforma –que pretende limitar las prerrogativas de la Corte Suprema– una amenaza para la democracia. Al comenzar la tarde, un convoy de vehículos con banderas israelíes circulaba entre las terminales, lo que dificultó el acceso al aeropuerto.

El convoy estaba compuesto por veteranos del Ejército israelí, algunos de los cuales participaron en la operación de 1976 en Entebbe, Uganda, para liberar a los rehenes de un vuelo Tel Aviv-París que había sido secuestrado por combatientes palestinos y alemanes, y durante el cual el hermano de Benjamin Netanyahu, Yoni, fue abatido.

Los manifestantes denuncian en bloque la reforma del sistema judicial, pero también la política general del gobierno. Afirman que el primer ministro, acusado de corrupción en una serie de casos, busca servirse de la ley para anular un eventual juicio que podría condenarlo.

El martes, la cuestionada reforma judicial contra la que miles de israelíes protestan hace diez semanas superó un primer paso cuando el Parlamento aprobó en primera lectura una ley, clave de la iniciativa, que limita la capacidad de la Corte Suprema para anular textos considerados inconstitucionales.

El texto fue aprobado en la Knéset (Parlamento) por 61 votos a favor y 52 en contra, pero aún debe pasar dos lecturas más antes de convertirse en ley. La reforma, que en concreto traspasa atribuciones del Poder Judicial al Parlamento, es considerada por opositores y expertos como un retroceso en materia de separación de poderes y un “golpe judicial”.