Solicitaron a Biden que rescinda el programa de control migratorio

Más de un centenar de organizaciones de derechos civiles le pidieron ayer al presidente Joe Biden que rescinda el programa que le posibilita a la Policía ejercer tareas de control migratorio en los Estados Unidos, que “generan desconfianza” y animan “a los ideólogos de derecha a provocar sentimiento supremacista blanco”.

En este sentido, en una carta enviada al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, las organizaciones reclamaron que “reexamine y rescinda los acuerdos” alcanzados de ese programa debido a que contravienen las normas de una guía revisada del Departamento de Justicia para las agencias federales, encargadas del cumplimiento de la ley.

Esta guía indica que “las prácticas sesgadas son injustas” y “generan ­desconfianza”, y por lo tanto “prohíbe el uso de suposiciones o estereotipos generalizados sobre individuos o ­grupos” como “base para la aplicación de la ley”.

De acuerdo a las organizaciones, los acuerdos alcanzados por medio del Programa 287 (g) en todo ese país “se han convertido en herramientas dañinas que apuntan intencionalmente a los inmigrantes, así como en potentes símbolos políticos para los ideólogos de derecha que buscan provocar el sentimiento supremacista blanco y fomentar animosidad contra los migrantes”.

Cabe resaltar que la ley de inmigración cuenta con una sección conocida como el Programa 287 (g) que habilita al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a implementar acuerdos con agencias del orden público locales y estatales, como los sheriffs.

En su mandato, el expresidente Donald Trump, partidario de una ­política dura contra la migración, reforzó este programa, que Biden prometió cancelar, aunque todavía no lo ha hecho.

El programa recurre a cientos de oficiales en 138 agencias policiales estatales y locales del país norteamericano para ayudar al ICE a identificar, detener y deportar inmigrantes en los Estados Unidos.

El pasado martes, Estados Unidos extendió por un período de 18 meses el amparo conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) que concede permiso de residencia y trabajo a migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal.

Esta prolongación permite “ofrecer seguridad y protección continua” a los más de 300.000 beneficiarios actuales de estos países que “ya están presentes en Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de desastres medioambientales”, había asegurado Mayorkas entonces.