Una investigación quita responsabilidad a los militares acusados por el intento de golpe a Lula

El director general de la Policía Federal señaló que se tomarán otras acciones contra los implicados y criticó al Ejército por su actuación frente a los bandos bolsonaristas aquel 8 de enero.

Pasados casi ocho meses desde el intento de golpe de Estado contra el presidente de Brasil, Lula da Silva, la investigación realizada por militares decidió liberar de sus acusaciones a efectivos de las fuerzas observados por alguna posible participación en ese hecho.

Así lo determinó la Secretaría de Seguridad y Coordinación Presidencial, que es parte de la Oficina de Seguridad Institucional, ya que, según el informe que difundió el medio Folha, la investigación concluyó que, si hubiera habido una planificación “adecuada” al inicio del gobierno, se habría podido evitar la invasión del palacio o minimizar los daños.

De esta manera, el informe señala que hubo una responsabilidad de la secretaría, pero sin mencionar los nombres de los responsables, aunque vale recordar que en ese momento estaba a cargo del general Carlos Feitosa Rodrigues, quien asumió el cargo en 2021, durante la gestión del expresidente Jair Bolsonaro.

Asimismo, la investigación militar marcó que “queda en evidencia” que “la planificación, activación y empleo” de personal militar “respecto de acciones relacionadas con el mantenimiento de la integridad física del Palacio del Planalto y alrededores” es la responsabilidad de la mencionada secretaría.

El informe señala que, según el protocolo que define la actuación del organismo y del Comando Militar del Planalto en la defensa del palacio, correspondía a Seguridad “activar el desplazamiento” de las tropas de choque del Ejército.

En tanto, el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, señaló que se tomarán otras acciones contra los implicados, al tiempo que criticó al Ejército por su actuación frente a los bandos bolsonaristas aquel 8 de enero.

Según el funcionario, la Policía quiso remover los campamentos dos veces, pero el Ejército no se lo permitió. También afirmó que hubo “complacencia por parte de varias entidades y organismos públicos que mantienen esos campamentos”. Según Andrei, el inten­to de golpe de Estado “debió haberse evitado allí en diciembre”.

“Cuando volvimos a ir allí, el 8 de enero, había un tanque de guerra en medio de la calle que impedía que la Policía entrara para sacar a esas personas del campamento. Entonces, esto es una continuación”, señaló.

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