Afirman que el procurador general de la Nación “es un militante de Cambiemos”

Actuando como en espejo, lo que sucedía a nivel nacional también ocurría en la Provincia de Buenos Aires. La Justicia fue despejando y dando a conocer todo el entramado de espionaje ilegal, la utilización de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para la persecución de dirigentes que molestaran al macrismo.

Al mismo tiempo, algo similar ocurría en territorio bonaerense, con las investigaciones por fuera de la ley llevadas a cabo contra miles de personas por Asuntos Internos y otras dependencias del Ministerio de Seguridad, bajo la atenta mirada de María Eugenia Vidal.

Los jefes de los fiscales de ambas jurisdicciones están en la mira de la Justicia por razones parecidas. Ahora el Congreso analiza las denuncias contra el procurador interino Eduardo Casal, y las sospechas que se tienen son similares, y casi calcadas a las que pesan sobre el todavía procurador bonaerense, Julio Conte Grand. Armado de causas, apriete a jueces y fiscales, funcionamiento de una “mesa judicial”, entre las acciones de Casal y Conte Grand.

Las sospechas sobre Eduardo Casal

El presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, el senador oficialista Martín Doñate, sostuvo que el procurador interino Eduardo Casal “se transformó en el militante más radicalizado” de Juntos por el Cambio y adelantó que esta semana continuará con el trabajo de entrevistar a algunos de los denunciantes del funcionario.

“Desde mi punto de vista, no me cabe duda de que Eduardo Casal se transformó en el militante más radicalizado de Cambiemos y del gobierno de Mauricio Macri en los últimos tres años”, aseguró el legislador.

Doñate denunció que “la mesa judicial que funcionó en el gobierno anterior es el eje alrededor del cual giró el más fenomenal lawfare o tremenda guerra judicial contra el exgobierno de Cristina Fernández”.

Casal quedó como jefe de los fiscales federales luego de que la procuradora Alejandra Gils Carbó renunció en 2016. Mauricio Macri envió a la Cámara alta en 2018 el pliego de la jurista Inés Weinberg de Roca, pero no logró acordar que la oposición la respaldara.

A principios de este año, el Presidente Alberto Fernández decidió retirar el pliego de Weinberg de Roca y enviar el del juez federal Daniel Rafecas. Sin embargo, el interbloque de Juntos por el Cambio se niega a facilitar los dos tercios de los votos para designarlo al frente de la Procuración.

Mientras tanto, Casal se mantiene como jefe de los fiscales interino y el oficialismo decidió avanzar con la investigación de una docena de denuncias en su contra.

“Esa Mesa Judicial armaba causas truchas, presionaban a los jueces, operaban con los servicios de inteligencia, con algunos periodistas, con algunos jueces, con la Unidad de Información Financiera, con la Administración Federal de Ingresos Públicos”, enumeró Doñate.

El senador también recordó que “Casal era el jefe del fiscal Carlos Stornelli que estuvo nueve meses evadiendo a la Justicia” acusado de pertenecer a una banda que practicaba extorsiones en la que estaba el falso espía Marcelo D'Alessio, quien cumple prisión preventiva.

El caso Boquin

Para el senador, el comportamiento del procurador interino “tiene doble vara” porque, por otro lado, “elevó en cuestión de horas un sumario contra una fiscal que desmanteló el negocio de Mauricio Macri en el Correo Argentino por evadir un pago multimillonario al Estado argentino”.

Doñate se refirió, de ese modo, a una sanción emitida por Casal contra la fiscal Gabriela Boquín, denunciada por algunos empleados de su fiscalía por maltrato laboral.

Tal como se informó en este diario, la funcionaria se presentó el miércoles pasado en la Bicameral para afirmar que el procurador interino la persigue por su trabajo sobre la causa del Correo Argentino.

El proceso contra Casal

“La Comisión tiene que ser de trabajo permanente. No hay un límite de tiempo” aseguró Doñate, quien anunció que “la semana que viene diferentes organizaciones se presentarán en la Bicameral”.

Además agregó: “Todos los pedidos de juicio político serán elevados a la Comisión de Juicio Político de Diputados, esa Comisión definirá si se avanza con el juicio, si hay elementos suficientes, o si el camino es el jury de enjuiciamiento vía Ministerio Público”.

Falta tiempo para saber del futuro tanto de Casal, como de su “gemelo” Conte Grand, lo cierto es que representan todo lo oscuro que tuvo la Justicia durante los años del macrismo en nuestro país y en la Provincia.