Ahora el “Pata” Medina quiere volver a la actividad gremial

Con días movidos para Juan Pablo Medina, apodado “Pata”. El extitular de la filial platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), liberado hace algo más de un mes tras permanecer dos años en la cárcel y uno bajo arresto domiciliario, busca ahora recuperar su derecho de ­participar en actividades gremiales, ­mientras avanza en la Justicia su denuncia por una presunta “mesa judicial” que habría actuado durante el gobierno macrista, dedicada a perseguirlo a él y a otros sindicalistas.

Ocurre que el “Pata” Medina recuperó su libertad el 18 de febrero, pero aún pesa sobre él la prohibición de participar en actividades sindicales, algo que ahora quiere revertir. Su abogado, César Albarracín, pelea en distintas instancias para que su cliente pueda volver a la Uocra.

“Entendemos que esta restricción es in­constitucional. Es como si a un periodista procesado se le impidiera ejercer la libre expresión, o a un político, la posibilidad de presentarse a elecciones”, dijo Albarracín en diálogo con diario Hoy. “Presentamos recursos en la Cámara de Casación, en la Corte Suprema y en la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, agregó.

El letrado citó el antecedente del “fallo Farfán” de 2019, en el que la Corte ordenó restituir el derecho de participar en actividades gremiales a sindicalistas excarcelados de Jujuy. En aquel momento, el máximo tribunal del país dejó sin efecto una sentencia que impedía a los dirigentes participar en reuniones “multitudinarias” para conservar su libertad. Los magistrados entendieron que el derecho constitucional a la libertad sindical no podía ser coartado.

“Los casos son idénticos y el principio que se aplica es el mismo”, argumentó Albarracín, y continuó: “Consideramos que la Corte tiene que resolver en el mismo sentido. El juicio oral se puede realizar perfectamente con Juan Pablo Medina en ejercicio de sus derechos sindicales”.

En cambio, marcó la diferencia con el caso de Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente brasileño que recuperó sus derechos políticos, como el de presentarse a elecciones luego de que fueran anuladas todas las sentencias en su contra. “En Brasil la legislación marca que nadie puede presentarse a elecciones estando procesado. No es el caso en nuestro país, donde en todas las elecciones hay candidatos que tienen algún proceso”, explicó.

Lula recuperó sus derechos porque las condenas fueron anuladas, es decir, “borradas”, y por lo tanto la restricción ya no rige.

Posibles imputaciones

Tal como lo informó este multimedio en su edición de ayer, el fiscal Carlos Stornelli decidió activar la investigación de una denuncia que Medina había hecho hacía tiempo, por la presunta existencia de una “mesa judicial” macrista que se habría dedicado a “armar” causas penales contra él y otros sindicalistas, en busca de encarcelarlos.

Esa denuncia surgió a raíz de los dichos de Marcelo Villegas, quien por entonces era ministro de Trabajo bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en una conversación con el dirigente gremial Marcelo Balcedo, que quedó ­grabada, y en la que revela la intención de “terminar” con él y con otros líderes ­sindicales.

“Tenemos que terminar con el Pata, tenemos que terminar con el Lagarto Olmedo, tenemos que terminar con Bahía Blanca, tenemos que terminar con Monte Grande, tenemos que terminar con Quilmes, con varias de la Uocra”, dijo entonces Villegas, sintetizando así los objetivos de esta presunta “mesa judicial”. El entonces ministro interpretó que la intención del presidente de la Nación en ese momento, Mauricio Macri, con quien dijo haber hablado tres veces del tema, era “dejarle las cosas ordenadas a María Eugenia (Vidal)”.

Aunque Stornelli aún no imputó a nadie, Albarracín dijo que la denuncia busca que se identifique a funcionarios que habrían conformado una asociación ilícita destinada a perseguir judicialmente, por razones políticas, a Medina y a otros sindicalistas. La denuncia es por “privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario pú­­blico”, pero podrían caber imputaciones por “tráfico de influencias, adulteración de documentación pública, falsos testimonios”, precisó. Entre los funcionarios que podrían ser acusados están Macri, Vidal, Villegas y miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).