Comienzan las auditorías a las universidades

En el marco del conflicto entre la gestión Milei y la comunidad universitaria, el Gobierno nacional avanzó en el proceso de auditorías a las universidades nacionales. En este camino, se determinó que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) será el organismo encargado.

Cabe destacar que la SIGEN depende de Presidencia y no del Congreso, como la Auditoría General de la Nación (AGN), que ya audita a las universidades, como lo establece la Ley de Educación Superior.

En este marco, el titular de la SIGEN, Miguel Blanco, brindó detalles de cómo será el proceso que comienza este lunes por las universidades más grades. Blanco adelantó que enviarán una carta al rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que se empiece a planificar la auditoría y explicó que el proceso será similar al que se realiza en cualquier repartición pública que maneja fondos públicos.

“Es un relevamiento de los procesos internos de cada repartición, en este caso sería la universidad, una identificación de cuáles son los controles dentro de esos procesos”, señaló. Esto incluye la revisión de la contabilización y registro de movimientos de fondos, la liquidación de sueldos y otros procesos internos.

Además, se realizará un estado de origen y aplicación de fondos, revisando cómo se ejecutaron tanto los del presupuesto nacional como de convenios firmados por las universidades: “Nos fijamos cuál es el origen de los fondos y cuándo se recibieron. En caso de la UBA tiene más de 350 convenios”.

Asimismo, reveló que el proceso de auditorías de las casas de altos estudios puede demorar “entre uno y dos meses” y que “el año que viene” podrían estar los primeros resultados, los cuales se discutirán con las autoridades universitarias y se elevarán a la Presidencia.

A su vez, Blanco remarcó que ya tomó “contacto con los rectores” de varias de las 64 universidades nacionales que serán relevadas, de las cuales hay 27 que se ofrecieron para ser auditadas de manera “voluntaria”. “Identificamos los controles, los ponemos a prueba con transacciones reales y vemos el estado de la aplicación de los fondos con documentación sustentatoria”, explicó.