Continúa la intervención judicial en la empresa Correo Argentino

La intervención judicial de Correo Argentino fue dispuesta por la jueza Cirulli en marzo de 2020, luego de ordenar el desplazamiento total de los directivos de la firma perteneciente al Grupo Macri.

La resolución dictada durante el proceso de “salvataje” de la empresa había sido ordenada a pedido de la fiscal Gabriela Boquin, a la que adhirió el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini. Esta solicitud se dio tras el fracaso de propuestas de acuerdo de pago a acreedores y denuncias de “vaciamiento”.

A partir de esta determinación, las empresas Socma Americana y Sideco presentaron un recurso que fue rechazado por la Sala B de la Cámara en concordancia con las observaciones formuladas por la fiscal y las sindicaturas que intervienen en la causa.

Las accionistas Socma y Sideco sostuvieron que siempre colaboraron para evitar la quiebra de la empresa, la cual, afirmaron, “se mantiene” por sus aportes “desde que sus bienes fueran expoliados por el Estado nacional, que actualmente continúa utilizándolos”.

Agregaron que eran “erróneas” las estimaciones sobre el pasivo realizadas por la magistrada de primera instancia, y reclamaron que se aclaren cuáles eran las facultades de la concursada respecto del procedimiento de “salvataje”.

En este sentido, el tribunal respondió que la jueza Cirulli profundizó la medida teniendo en cuenta el pasivo posconcursal que, “aun cuando se tomara como referencia” aquel reconocido por la apelante (más de 118.000 millones de pesos), es “relevante considerando la casi nula actividad que la deudora desplegara durante estos años”.

Para justificar la intervención judicial, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso señalaron que “resulta necesario controlar que estas situaciones no se sigan produciendo” y que el juez del concurso “pueda estar al tanto” de las operaciones de la empresa “que en el pasado no fueron canalizadas para lograr la pertinente autorización”.

Sobre las referencias efectuadas por la concursada respecto de que sus bienes habrían sido “expoliados” por el Estado nacional, el tribunal de segunda instancia remarcó que “dichas cuestiones competen al fuero federal, donde son ventiladas”.

Los intentos de detener la investigación

La empresa de la familia del expresidente Macri realizó en varias oportunidades presentaciones para invalidar la causa que la involucra. Una de ellas solicitó que la jueza Marta Cirulli fuera apartada del proceso sobre el concurso preventivo del Correo Argentino.

También la firma pedía que se diera intervención al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el trámite de recusación de la fiscal Gabriela Boquin, por actuar con “parcialidad” y “evidente animosidad” contra la empresa.

En diciembre de 2020, la Justicia había determinado que “la presentación resulta largamente extemporánea y alejada de cualquiera de los términos procesales del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para recusar con expresión de causa”.