Derechos Humanos: una enmienda del pasado, una deuda del presente

Los juicios a los responsables militares y civiles de la última Dictadura se desarrollan ininterrumpidamente. No obstante, las violaciones a los DD.HH. continúan hasta nuestros días, siendo una cuenta pendiente en la Argentina democrática.

El próximo 22 de abril se cumplirán 37 años desde que se dieron por iniciados los juicios a las Juntas Militares que rompieron la vida democrática del país el 24 de marzo de 1976.

El 9 de diciembre de 1985, con las palabras “nunca más” pronunciadas por el fiscal Julio César Strassera, se consolidó la reaparición de una democracia que aún en estos días continúa.

Los cabecillas militares fueron juzgados y, luego de la anulación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2005, los restantes responsables militares y civiles también. Hasta el día de hoy los juicios continúan en todo el país.

Muchos comenzaron y terminaron después del 2005. Otros, como el juicio Brigadas, en el cual se juzga a los represores que actuaron en el Pozo de Quilmes y de Banfield, y en El Infierno de Avellaneda; o el de La Noche del Apagón, de Jujuy, en el que se juzga a Pedro Blaquier del Ingenio Ledesma, siguen su curso.

Así como también en Santa Fe se escucharán el próximo miércoles los alegatos en el juicio al exjuez federal Víctor Brusa y a dos exintegrantes de la Policía santafesina por apremios ilegales cometidos en perjuicio de tres víctimas durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

Según un informe de Amnistía Internacional del 2020, entre 2006 y diciembre de 2020 se dictaron 250 sentencias, con lo que el total de personas declaradas culpables se elevó a 1.013, mientras que el de absoluciones a 164, en lo que respecta a juicios por crímenes de lesa humanidad.

La cuenta pendiente

La democracia comenzó el 10 de diciembre de 1983 y continúa hasta nuestros días. Sin embargo, las violaciones a los DD.HH. y las desapariciones de personas continuaron.

Solo 14 días después de la asunción de Raúl Alfonsín ocurrió la primera de las 200 desapariciones que tuvieron lugar en democracia. Se trató de José Luis Franco, de 23 años. Luego llegarían los casos de Miguel Bru, Luciano Arruga, Andrés Núñez, Marita Verón, Iván Torres, Natalia Mellman, Osvaldo Sivak y Facundo Astudillo Castro.

Debe mencionarse una desaparición que fue anterior a la de Facundo Astudillo Castro (quien apareció muerto cuatro meses después de su desaparición, en agosto de 2020, y que por su causa hay policías de la Bonaerense imputados), y es la de Arshak Karhanyan.

Familiares y amigos exigieron el pasado 24 de febrero a la Justicia que investigue dónde está Arshak, quien era policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación volvió a pedir la aparición de Karhanyan a la Justicia en un comunicado. “A tres años de la desaparición de Arshak Karhanyan, la Secretaría de Derechos Humanos continúa reclamando por su aparición”, manifestó el organismo encabezado por Horacio Pietragalla Corti. Y aseguraron que siguen acompañando a la familia de Arshak “en el reclamo de justicia”. Pero, ¿solo eso puede hacer la Secretaría de Derechos Humanos?

Pandemia

En 2020, el año en el que el coronavirus llegó al mundo y las personas vivieron aisladas durante meses, hubo numerosos episodios de uso excesivo de la fuerza. El contexto de confinamiento asociado a la Covid-19 se usó como excusa para violar los DD.HH.

En mayo, agentes de Policía mataron en la provincia de Tucumán a Luis Espinoza, cuyo cadáver no fue hallado hasta una semana después de su muerte, según Amnistía Internacional. También en mayo, las fuerzas de seguridad irrumpieron violentamente en las viviendas de integrantes del pueblo indígena Qom en Fontana (provincia de Chaco) y se llevaron detenidos a tres hombres y una niña de 16 años. Éstos indicaron haber sido sometidos a tortura y otros malos tratos, denunciando el abuso sexual sufrido por la niña.

El caso más relevante fue la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Su cadáver fue hallado 107 días después de que se denunciara su desaparición a finales de abril. Había sido visto por última vez en un puesto de control policial de la provincia de Buenos Aires.

La autopsia determinó que había muerto por asfixia. La existencia de informes policiales contradictorios y otros indicios señalaban que la Policía de Buenos Aires podría ser responsable de su desaparición y muerte.

La cuarentena en Formosa fue un hecho que ocupó la agenda de Amnistía Internacional y de los principales medios de este país. Incluso diario Hoy también cubrió el tema. Se recibieron durante meses decenas de denuncias de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento y represión contra manifestantes. Estos hechos no tuvieron la condena de la Secretaría de DD.HH. De hecho, Horacio Pietragalla viajó al lugar y determinó que no existían violaciones a los Derechos Humanos de las personas.

En el país persiste la preocupación por la falta de políticas públicas institucionales en torno a la búsqueda eficaz de personas

desaparecidas y la falta de investigación de las desapariciones forzadas. Los Derechos Humanos parecen estar partidizados y lejos de atender a todos los argentinos por igual.

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