Descuentos salariales: ofensiva para derogar el decreto de Scioli

A instancias del Soeme, todo el universo sindical reclamó la inmediata derogación de la norma firmada por Scioli el 1º de diciembre que afecta a docentes y estatales. Hubo gestiones desde las 62 Organizaciones y anoche se analizaba la derogación del decreto

El decreto dado a conocer por el diario Hoy que establece un nuevo régimen de descuentos salariales a estatales y docentes de la Provincia,  que fue firmado por Daniel Scioli nueve días antes del cambio de mando en la gobernación bonaerense, generó un fuerte cimbronazo político. En ese contexto, a instancias del gremio Soeme que conduce el ingeniero Marcelo Balcedo, prácticamente todo el universo sindical de la administración pública bonaerense se unificó en el reclamo en pos de la inmediata derogación de la cuestionada normativa.

Según informaron desde el Soeme, Balcedo hizo gestiones en las 62 Organizaciones de la CGT y su titular, el sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas, habló con la gobernadora María Eugenia Vidal. Luego la mandataria provincial habría dado instrucciones a su ministro de gobierno, Federico Salvai, para encontrar una pronta solución al reclamo. Anoche se estaba analizando la derogación del decreto, normativa que también pasó por la lupa del Secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Julio Conte Grand.

La normativa en cuestión, que nunca fue ni siquiera discutida en paritarias, habilita llevar el tope de los descuentos por préstamos del 20 al 30 por ciento de los haberes de personal, alimentando la usura al punto que habilita el ingreso de financieras, cooperativas y bancos de dudoso origen, sospechados de ser plataformas para el lavado de dinero, pudiendo comprometer seriamente los salarios de los trabajadores y docentes de la provincia de Buenos Aires.

Además, uno de los puntos que es visceralmente rechazado por todas las asociaciones que nuclean a los trabajadores del Estado es la creación de un aval o caución del Fondo de Garantía bancario que va de un millón a cinco millones de pesos, requisito que fue calificado como “inaudito” ya que es el propio Estado el que maneja el dinero. “Resulta inentendible que sean los gremios o los trabajadores los que tengan que poner semejante cantidad de dinero”, denunciaron.

El régimen de sanciones que establece el decreto también fue muy criticado por la totalidad de los representantes gremiales más que nada por chocar con lo dispuesto en muchos puntos de la Ley de Asociaciones Sindicales, perjudicando al trabajador ante la eventualidad de que, por cuestiones políticas, puedan quedarse sin representación gremial.

Se sospecha que tanto el candidato a presidente del Frente para la Victoria como su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, habrían pagado “favores de campaña” con este decreto, firmado a espaldas de los trabajadores. A su vez, es una herramienta de presión a los sindicatos ya que otorga facultades discrecionales a un Centro Unico de Datos para aplicar suspensiones y pérdidas de códigos de descuentos a organizaciones sindicales en una o varias jurisdicciones. Es decir, crea herramientas para ahogar económicamente a los gremios que no estén dispuestos a integrar este perverso sistema.  Es más,  el régimen establecido por tándem Scioli-Alberto Pérez obliga a los gremios a abonarle al Centro Único el 1% de la totalidad de las sumas que la administración retenga con motivo de la aplicación de los códigos de descuento, lo que implicaría la conformación de una caja millonaria a costa de los recursos que son de los trabajadores.

En la sede platense del Soeme ayer hubo una serie de reuniones con dirigentes de diferentes gremios estatales, y representantes de distintos partidos políticos, con el fin de establecer los puntos finales de un documento que a primera hora de hoy será presentado en el despacho de la gobernadora para que se concrete la anulación del decreto. La misiva estaría firmada por  los máximos dirigentes del Soeme, ATE (Asociación Trabajadores del Estado), FEB (Federación de Educadores Bonaerenses), Supttioma (Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA), Suetra (Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina), Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Asociación de Personal Legislativo (APL), Udocba, Unión de Docentes Argentinos, Cicop, entre otras entidades gremiales. Asimismo, horas antes, el tema también fue motivo de análisis en un cónclave desarrollado en la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia (Fegeppba).

El gesto de unidad sindical es muy similar al registrado a mediados del año 2013 cuando se quiso aprobar un proyecto, vinculado a los mismos intereses que buscan hacer negocios con los descuentos salariales, que terminó siendo cajoneado en la Legislatura bonaerense por el fuerte reclamo gremial. 

 Sobre el filo de la reunión de ayer en la sede Soeme, los dirigentes acordaron comenzar a trabajar en forma conjunta distintos temas. Por pedido de ATE, se coordinarían reuniones para analizar la delicada situación del IOMA, la obra social inmersa en un proceso de vaciamiento, y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Quintana busca despegarse del escándalo

En medio de las sospechas que lo vinculaban con la firma del decreto, el titular de UPCN, Carlos Quintana, salió a cuestionar con dureza la normativa. Y anunció que podría recurrir a la Justicia.

“El decreto está viciado de total nulidad porque si se quiere modificar alguna situación relacionada con los trabajadores y con las organizaciones sindicales del Estado, se debe pasar primero por paritarias. Este decreto no tuvo discusión ni participación por parte de los gremios, fue hecho entre gallos y medianoche. Y uno entiende que debe ser parte de algún aporte de campaña para el candidato a presidente y es un decreto que no está validado porque la Fiscalía de Estado todavía no le dio dictamen. Le presentamos una nota al ministro de Gobierno porque dependería de la ex Jefatura de Gabinete, y estamos preparando un recurso de amparo para que se anule”, agregó.

 “Acá hay que leer entre líneas, y es evidente que hay un pago por algún aporte de campaña, otra cosa no lo podés tomar. Acá están beneficiando a alguien que no tiene nada que ver con el sistema”, denunció.

“Nuestra oposición es contundente”

“Manifestamos una oposición contundente a este decreto y estamos movilizados para luchar contra el mismo como lo hicimos hace dos años. Nuestro rechazo a este decreto es enérgico y profundo: nadie va a administrar los aportes de nuestros afiliados: somos nosotros a quienes los trabajadores nos confían estos fondos a través de la afiliación”, dijo a la Red 92 la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini.