El Consejo de la Magistratura de la Nación junto al municipio refaccionarán la instalación eléctrica en tres edificios en Bahía Blanca

L­a refacción y el reacondicionamiento del sistema eléctrico en los tradicionales edificios del Poder Judicial bahiense ubicados en Mitre 60 (Cámara Federal), Alsina 317 (Juzgado Federal n° 1) y Chiclana 402 (Tribunal Oral) serán completados en el corto plazo.

Se trata de organismos con mucho material inflamable, inconvenientes con la calefacción a gas, y el uso intensivo de radiadores o splits provoca saturación e interrupción del servicio eléctrico.

La obra fue aprobada hace algunos días por la comisión de Administración del Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN), que integra la abogada Pamela Tolosa, quien llegó al organismo como representante de los académicos.

En ese marco, el consejero Diego Marías, presidente de esa comisión, consideró como “un hito” la iniciativa, no solo por la problemática que piensa abordar, sino por la modalidad de ejecución, luego de que licitaciones tradicionales terminaran una y otra vez con el mismo resultado, el fracaso.

El convenio de cooperación aprobado indica que la municipalidad de Bahía Blanca se compromete a ejecutar, por cuenta y orden del Consejo de la Magistratura, esos trabajos, y por ello el administrador general del CMN, Claudio Cholakián, explicó que antes de este tipo de convenios “se proyectaban obras demasiado costosas y de distinta naturaleza, todas juntas. Y nunca había cotizaciones adecuadas ni ofertas que pudieran satisfacer”.

Esta descentralización podría ser una “prueba piloto” para futuras soluciones en otras jurisdicciones, especialmente del interior del país.

Según indicaron fuentes judiciales, la informatización en los sistemas de trabajo y trámite de causas llevada a cabo por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación impone que sus dependencias cuenten con una infraestructura edilicia óptima.

Para ello, el Consejo de la Magistratura de la Nación se encargará de las erogaciones para financiar las obras, y además elaborará las cláusulas, especificaciones técnicas, el proyecto y los presupuestos oficiales ­definitivos, bases de la licitación y adjudicación.

En tanto, el municipio realizará la licitación, las adjudicaciones y la formalización de los contratos.

“La necesidad de materializar estas obras de infraestructura para la Justicia Federal de Bahía Blanca es un pedido que me transmitieron los distintos magistrados y magistradas de la jurisdicción desde el momento en que asumí como consejera, porque constituye una necesidad urgente”, remarcó Tolosa.

También estimó que este tipo de mecanismos va a “dinamizar y acortar los tiempos” de ejecución de obra, con la intervención directa de la autoridad municipal de cada lugar.

Además, estimó que “esto se podría replicar en distintas jurisdicciones del interior del país que tienen la misma necesidad, con el propósito de descentralizar su ejecución y ­agilizar los plazos de concreción a través de la participación de los municipios, que son quienes se encuentran en mejores condiciones de llevarlas a cabo, por su cercanía con las dependencias que necesitan las refacciones”.

Otro de los proyectos que presentó Tolosa junto con los consejeros Diego Molea y María Fernanda Vázquez es la creación del Registro de Datos de Género y Procedencia Profesional en el proceso de selección de magistrados, que buscará facilitar la evaluación y estudio de problemas, como dificultades de acceso a los concursos, segregación vertical o “techo de cristal” y segregación horizontal por jurisdicciones y fueros, que ya cuenta con dictamen unánime de comisión.