El Gobierno avanza con la privatización de 1.900 km de rutas

El Gobierno de Javier Milei oficializó el llamado a licitación pública para concesionar casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones. La medida, publicada mediante la Resolución 1843/2025 del Ministerio de Economía, implica un cambio profundo en la administración, explotación y mantenimiento de trazas clave para el transporte y la producción agropecuaria, especialmente en la provincia de Buenos Aires y La Pampa.

El proyecto forma parte de un esquema más amplio que prevé privatizar unos 9.000 kilómetros de la red vial nacional. En esta etapa, se incluyen las rutas 3, 5, 226 y 205, además de autopistas estratégicas como Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas. El llamado a licitación, de carácter nacional e internacional, divide la concesión en dos grandes tramos: el Sur Atlántico Acceso Sur, con poco más de 1.325 kilómetros, y el Tramo Pampa, con 547 kilómetros adicionales sobre la ruta 5.

Según la documentación oficial, el tramo Sur Atlántico Acceso Sur, contempla 615 kilómetros de la ruta 3, 254 de la ruta 205, segmentos de las rutas 206 y 226, y la gestión de autopistas que conectan directamente con el Área Metropolitana de Buenos Aires. El Tramo Pampa, por su parte, involucra la ruta nacional 5 desde Luján hasta Santa Rosa, atravesando localidades clave para la producción agrícola e industrial.

Críticas por peajes y falta de inversión

La autoridad encargada de supervisar los contratos será Vialidad Nacional, bajo la órbita de la Secretaría de Transporte. El Gobierno aclaró que el nuevo esquema no contará con subsidios estatales, lo que genera preocupación entre usuarios, transportistas y productores. Organizaciones del sector advierten que la privatización de corredores estratégicos sin aportes públicos podría traducirse en mayores costos de peajes, sin garantías de mejoras sustanciales en infraestructura.

El anuncio se produjo apenas un día después de la adjudicación de la Etapa I de la Red Federal, que incluyó 741 kilómetros en las rutas 12 y 14 y el acceso Rosario–Victoria. Esa licitación había sido postergada por la crisis económica, lo que también demoró la puesta en marcha de la Etapa II. Desde el sector productivo remarcan que el deterioro de las rutas se profundizó desde 2023 por la ausencia de inversiones estatales y la paralización de obras públicas, lo que contradice el argumento oficial de que el sistema actual es insostenible.

El antecedente de los ’90

La administración libertaria defiende la medida como parte de un “proceso de reconfiguración estructural de la red vial nacional”, que busca reasignar responsabilidades al sector privado en los tramos que concentran el 80% del tránsito. Sin embargo, el modelo se asemeja al sistema de concesiones aplicado en la década del ’90 bajo el esquema de peajes impulsado por Carlos Menem.

Organizaciones de usuarios y cámaras de transporte sostienen que el nuevo formato reproduce viejas prácticas que priorizan la rentabilidad sobre el servicio público. “Privatizar rutas sin inversión estatal es trasladar el costo a los usuarios y productores, mientras el Estado se desentiende de su responsabilidad”, afirman.

El esquema que promueve gestión de Javier Milei abre un escenario de incertidumbre, donde la promesa de modernización convive con el riesgo de repetir un modelo cuestionado.