El gobierno bonaerense destacó la resolución de la ONU sobre el derecho a un ambiente saludable

La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, destacó la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que consideró como un derecho humano universal disponer de un medioambiente sano.

“Vivir en ambiente sano, justo y equilibrado es un derecho humano universal”, indicó en su perfil de Twitter la ministra bonaerense y agregó: “La Asamblea de la ONU adoptó una resolución que reconoce la urgencia y necesidad de aplicar los compromisos internacionales y dar los esfuerzos colectivos para garantizar un mundo más sano y sustentable”.

Vilar explicó que la medida “llama a los Estados a cumplir y garantizar el derecho a un ambiente saludable; reconoce al cambio climático, el uso insostenible de bienes comunes naturales y la contaminación como problemáticas que afectan la calidad de vida de las personas”.

“Desde el Ambientalismo Popular, entendemos la necesidad de disputar una salida de la crisis que sea justa y contemple las responsabilidades diferenciadas y las desigualdades globales”, indicó en su posteo la ministra bonaerense y añadió: “Los países del sur global contribuimos menos a la crisis climática pero sufrimos más sus efectos”. En esa línea, consideró que “todo lo que afecta al ambiente afecta a las personas, y sus consecuencias son aun más graves en las poblaciones más vulnerables”. Luego completó: “Un ambiente más sano es una mejor vida para nuestros pueblos. Justicia ambiental es justicia social o no es justicia”.

Los detalles de la resolución

La resolución fue aprobada por 161 votos a favor, ocho abstenciones (China, Rusia, Bielorrusia, Camboya, Irán, Kirguistán, Siria y Etiopía) y ningún voto en contra.

El texto, presentado originalmente por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza en el pasado mes de junio, y copatrocinado ahora por más de 100 países, señala que el derecho a un medioambiente sano está relacionado con el derecho internacional existente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales.

También reconoce que “la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de este derecho. Los daños ambientales tienen implicaciones negativas para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos”.