El Gobierno busca endurecer Migraciones y limitar derechos de extranjeros

El Gobierno nacional avanza en una reforma que redefine el rol de la Agencia Nacional de Migraciones y la convierte en un organismo con poder de acción directa. El decreto, que aguarda la firma presidencial, plantea dotar a Migraciones de “capacidad operativa propia”, es decir, facultades para ejecutar expulsiones de inmigrantes sin depender de otras instancias. La iniciativa se inscribe en el paquete de cambios estructurales que impulsa la gestión libertaria y abre un debate sobre el rumbo de la política migratoria argentina.

La medida se presenta como modernización, pero detrás de esa retórica se esconde un sesgo punitivo que preocupa a especialistas y organizaciones de derechos humanos. La categoría de “alertas, antecedentes e irregularidades” que habilitaría expulsiones, es tan amplia que deja la puerta abierta a arbitrariedades. En lugar de garantizar procesos transparentes y respetuosos de las garantías básicas, el decreto parece orientado a consolidar un mecanismo de exclusión rápida y discrecional.

Una agencia con poder de acción directa

El Ejecutivo asegura que no se trata de crear una nueva fuerza federal, pero la reforma apunta a que Migraciones pueda desplegar operativos propios, con personal y recursos específicos. Esa “capacidad operativa” supone un salto cualitativo en el rol del organismo, que hasta ahora dependía de la coordinación con otras áreas. La novedad es que ahora podría hacerlo de manera autónoma, transformando a Migraciones en brazo ejecutor de la política de seguridad.

El riesgo es evidente al habilitar expulsiones inmediatas que debilitan las instancias de revisión y reducen el margen de defensa. La amplitud de las categorías que justificarían la deportación genera un terreno fértil para la discrecionalidad. En un contexto donde la retórica oficial vincula migración con inseguridad, la posibilidad de que se utilicen estas herramientas para reforzar prejuicios resulta alarmante.

El encuadre en la agenda de seguridad

El decreto se inscribe en lo que el Gobierno denomina su “agenda de seguridad”, un paraguas bajo el cual se agrupan medidas de endurecimiento del control sobre la población extranjera. Desde su llegada al poder, la administración libertaria ha insistido en colocar a los migrantes en el centro de los discursos sobre criminalidad, una estrategia que carece de respaldo estadístico pero que funciona como recurso político.

La transformación de Migraciones consolida ese giro institucional. Lo que se presenta como eficiencia administrativa es, en realidad, un paso hacia la militarización de la política migratoria.

La iniciativa, aún pendiente de la firma presidencial, marca un punto de inflexión en la política migratoria argentina. En un país que históricamente se construyó con aportes de comunidades extranjeras, la decisión de dotar a Migraciones de poder operativo propio revela un sesgo ideológico que erosiona la tradición de hospitalidad y pluralidad. Más que una modernización administrativa, la reforma aparece como un intento de transformar al organismo en herramienta de exclusión, más preocupada por expulsar que por garantizar derechos.