El Gobierno endurece los requisitos para periodistas en Casa Rosada

La administración libertaria puso en marcha un esquema más estricto de acreditaciones para periodistas y medios de comunicación que quieran cubrir actividades oficiales en la Casa Rosada. La medida fue formalizada este viernes me­diante la resolución 1319/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Así, con la firma del vocero presidencial Manuel Adorni, la disposición establece un marco renovado que reemplaza al vigente desde 2024 y fija un plazo de 30 días hábiles para que los interesados presenten sus solicitudes. El nuevo período de acreditación se extenderá desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo del año siguiente.

El nuevo régimen

Entre los cambios más destacados, la norma detalla un procedimiento más riguroso para el otorgamiento de accesos, que incluye la presentación de una declaración jurada y la aplicación de una “matriz de evaluación objetiva” para analizar cada caso. Aunque los detalles de esta matriz aún no fueron difundidos, se anticipa una selección más estricta para el ingreso a la sede gubernamental.

Otro punto clave de la medida es la redefinición del aforo en los espacios destinados a la prensa, como la sala de conferencias y la sala Decano Roberto Di Sandro. Según se explicó desde el Ejecutivo, la intención es evitar aglomeraciones, mejorar la seguridad y asegurar el desarrollo fluido de las actividades oficiales.

Asimismo, la Subsecretaría de Prensa asume un rol central en el nuevo esquema, ya que será la autoridad encargada de aplicar el nuevo régimen, con capacidad para dictar normativas complementarias y controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Por otra parte, el nuevo régimen exige respetar un código de vestimenta. “Se establece el código de vestimenta para las conferencias será formal, en razón de la naturaleza institucional del acto y su trascendencia a nivel nacional e internacional”, señala el documento sin aportar mayor detalle.

Desde el Gobierno señalaron que esta actualización apunta a garantizar el acceso a información pública de manera objetiva, plural y transparente. Sin embargo, surgen dudas sobre la ejecución de la medida, ya que controlar el acceso no es garantizar la transparencia; es elegir quien pude contar lo que pasa y quien no.