El Gobierno oficializó el cierre definitivo del Inadi
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo fue disuelto y todos sus recursos serán transferidos al Ministerio de Justicia.
A seis meses del inicio del proceso de desmantelamiento, el Gobierno oficializó el cierre del Inadi mediante el decreto 696/2024 publicado en el Boletín Oficial, por lo que el combate contra la discriminación en todas sus formas será responsabilidad del Ministerio de Justicia argentino.
Los argumentos
En los considerandos del decreto se indica que la intervención del organismo fracasó y puso en evidencia el “estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones”.
A su vez, asegura que la actual gestión descubrió “graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos; e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia”.
En la misma línea, se argumentó que “el instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos”, y que “se constató el sobredimensionamiento de la estructura funcional”.
Por último, el documento sostiene que a las “irregularidades en la gestión de los recursos” se suma el “incumplimiento por parte del Instituto de sus funciones específicas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.
La palabra del Gobierno
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el primero en anticipar el cierre definitivo del organismo con un posteo en sus redes sociales: “Faltaba su muerte administrativa: mañana el Inadi habrá dejado de existir para siempre. Fin”, escribió el vocero el día de ayer en su cuenta de X.
El Inadi había dejado de funcionar en febrero del corriente año cuando, en una conferencia de prensa, Adorni confirmó el desmantelamiento del organismo que tildó como “una caja” para la política que realizaba trabajo militante.
“Empezamos su cierre definitivo, tiene alrededor de 400 empleados, tiene decenas de oficinas a lo largo y ancho del país. Estos institutos tienen siempre la particularidad de que, en muchas oportunidades, están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad”, había declarado Manuel Adorni en ese momento.
La decisión del Gobierno fue repudiada por fuerzas políticas y organizaciones que representan a distintas minorías que han sufrido discriminación en reiteradas oportunidades.
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