El Gobierno postergó la puesta en marcha del Código Procesal Penal

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, decidió ayer aplazar la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de Rosario. Si bien un puñado de horas antes el funcionario había manifestado que se implementaría a partir del lunes, los cuestionamientos que salieron desde los tribunales y una fuerte respuesta del Procurador General Interino, Eduardo Casal, condujeron a que se postergue para el 6 de marzo.

“Que luego de mantener sucesivas reuniones de trabajo en el distrito judicial correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, hemos advertido la necesidad de reforzar el apoyo institucional de los órganos que conforman el sistema de justicia federal, y de elaborar un plan de contingencia que posibilite la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal. Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 27.150 y sus modificatorias”, sostuvo la resolución que se dio a conocer este viernes.

“Por ello, el ministro de Justicia resuelve diferir la operatividad práctica de la RESOL-2024-63-APN-MJ hasta las 00:00 horas del día el 6 de mayo de 2024, continúa el texto en el que se ordenó así informar de la decisión a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Seguridad.

En medio del despliegue de políticas para combatir el avance del narcotráfico en la ciudad de Rosario, el ministro de Justicia se quiso sumar a la ola de anuncios y dejó circular una resolución en la que disponía la plena e inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara Federal de Rosario. Este Código dispone que los fiscales investiguen y que los jueces controlen la legalidad de los actos, además de privilegiar la oralidad con el objetivo de acelerar los tiempos.

La medida generó ecos negativos en el ámbito judicial con críticas desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y otras áreas. No obstante, la presión más grande llegó por parte de Casal quien lanzó un comunicado en el que resaltaba que para aplicar este cambio se necesitan, al menos, tres meses.