El negocio inmobiliario platense presente en la mesa judicial de Vidal y Garro

La mesa judicial bonaerense de Vidal se proponía el armado de causas a dirigentes sindicales en general, y a los principales dirigentes de la Uocra, el gremio que nuclea a los trabajadores de la construcción, en particular. Esto se evidenció en la reunión de junio de 2017 que se dio a conocer a través del video donde aparece el propio ministro de Trabajo vidalista, Marcelo Villegas, junto a agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

No es casualidad que en esa larga reunión estuvieran el intendente Julio Garro; el senador Juan Pablo Allan; Marcelo Jaworski, de Copetro; el empresario inmobiliario Fabián Cusini; Jorge del Rio, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, director de ACIP; y Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata.

Si bien todos los análisis se centraron en el costado judicial del tema, si nos enfocamos detenidamente en los actores de dicha reunión y los meses posteriores aparece la no menos importante “pata financiera” vinculada a lo que hace tiempo ya en la capital bonaerense se llama “especulación inmobiliaria”.

La presencia y posterior comunicado de las Cámaras que nuclean al sector de la construcción en la ciudad junto al entonces representante del Colegio de Arquitectos y del Consejo Único de Ordenamiento Territorial (CUOT) -organismo conformado bajo la órbita del Concejo Deliberante para analizar los pedidos de rezonificación o modificaciones en el ejido urbano-, abren la puertas a cuanto menos algunas inquietudes.

La reunión del 15 de junio de 2017 cuando Julio Garro transitaba su primer mandato, se dio en momentos donde el Ejecutivo comunal comenzaba a mirar de reojo una serie de expedientes que había dejado su antecesor Pablo Bruera sobre la rezonificación de 38 lotes. Allí estaban puestas las expectativas del sector inmobiliario y de la construcción, que esperaban que con la nueva administración comunal pudieran continuar sus proyectos, y para eso la importancia de “correr del medio” a determinados dirigentes que “complicaban” el accionar empresario.

Entre 2017 y 2018 se avanzó entonces desde el Concejo Deliberante con mayoría de Juntos por el Cambio en avalar 34 desarrollos inmobiliarios que databan de la gestión anterior y un decreto del intendente Garro, que autorizaba la construcción de un importante emprendimiento denominado Clementina II, en la cuenca alta del arroyo Carnaval en City Bell.

El problema es que todos estos sectores estaban catalogados como “zona de reserva urbana”, y la intención de las ordenanzas aprobadas fue la de habilitarlos como zonas residenciales, ya que de otra forma las construcciones no podían avanzar. Los concejales opositores afirmaron en ese momento que de esta forma se termina modificando de “forma encubierta” el Código de Ordenamiento Urbano (COU) habilitando este tipo de excepciones sin los estudios pertinentes.

“Es un modus operandi de la gestión de Julio Garro donde se modificaron indicadores de zona de reserva urbana a urbana/residencial para poder lotear. Son negocios muy importantes donde no pudieron explicar las obras de infraestructura necesarias ni presentar los estudios de impacto ambiental. Estamos convencidos que atrás de esta utilización de la Justicia hay un negocio inmobiliario que se no condice con una planificación estratégica que necesita la ciudad, fue el mayor negocio inmobiliario de las últimas décadas”, dijo a diario Hoy, el edil del FdT Guillermo Cara, quien además forma parte del CUOT.

La “mesa judicial” entonces no solo deja en evidencia la intención del gobierno de María Eugenia Vidal de avanzar sobre las organizaciones gremiales, sino que en el caso de capital provincial también se podría pensar que abrió la puerta para que los desarrollos inmobiliarios pudieran avanzar al ritmo que los empresarios y la comuna buscaban. De hecho en 2019 y 2020 la historia se repite.

La grieta en el Colegio de Arquitectos local 

La situación del presidente de la entidad que nuclea a los arquitectos pende de un hilo. Un dictamen por mayoría de Capba I expresa “el más fuerte repudio a las expresiones del entonces ministro de Trabajo bonaerense, vertidas en el video”, y aclara que “participamos de estas reuniones con el solo fin de acompañar el genuino reclamo de los matriculados por sus inconvenientes en el ejercicio de la profesión ante las situaciones anteriormente descriptas; no avalando de manera alguna cualquier pensamiento o práctica antisindical”.

Sin embargo, un documento en minoría de otro sector del Colegio avala “la propuesta del Consejo Superior del Capba convocando a una Sesión Extraordinaria de Emergencia para evaluar y definir la situación del arquitecto Moretto. Mientras tanto queremos dejar bien clara nuestra posición”.

“El hecho sin duda es gravísimo y mancha la honorabilidad histórica de nuestra Institución, la mejor manera de corregir esta triste situación es apartar a los involucrados hasta tanto finalice definitivamente el proceso judicial en curso”, y solicitaron entonces “que sea apartado de su rol de vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, el arquitecto Guillermo Moretto hasta tanto se resuelva el proceso judicial definitivamente”.