El proyecto de Ganancias generó rispideces dentro del Poder Judicial

Luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, propusiera aumentar el piso del mínimo no imponible para los trabajadores que deben pagar el Impuesto a las Ganancias, la atención de la política en general se posó estrictamente sobre la situación económica del país. Además, el anuncio del postulante de UxP llegó en medio de un escenario monetario adverso.

La posible aplicación de la medida que propuso el titular del Palacio de Hacienda no pasó desapercibida y generó alegrías y enojos por los diferentes sectores de la sociedad. En ese aspecto, en el sector de los descontentos se ubicaron los funcionarios del Poder Judicial, debido a que la normativa indicaría que el tributo alcanzaría a todos ellos.

De esta manera, entidades que nuclean a fiscales y jueces, además de funcionarios del Poder Judicial, pusieron el grito en el cielo al asegurar que actualmente un 40% de los magistrados ya abonan dicho impuesto, debido a una ley que entró en vigencia en el año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según expresaron a la prensa algunos de los jueces indignados, “todos los años aparece el mismo tema para hacer política con nosotros”, y eso es lo que más les molestó.

En ese sentido, desde las listas “Celeste”, “Bordó” y “Compromiso Judicial” emitieron un comunicado con el título Ganancias negativas, en donde, además de remarcar que “el salario no es ganancia”, señalaron que les “llama poderosamente la atención que en el marco de una ley que, básicamente, manifiesta tener por fin desgravar varias imposiciones tributarias, se pretenda, a contramano, gravar nuevas y ampliar las dadas solo respecto de este poder del Estado”.

De esta manera, desde la agrupación Bordó consideraron que la iniciativa se suma “a la ristra de hostilidades que se dirigen a la jurisdicción judicial, entre las que revisten las recientes reformas de nuestro régimen jubilatorio, la suba sin tope de aportes para los y las judiciales, la ilegal reticencia a poner a disposición partidas presupuestarias propias del servicio de justicia, etcétera”.

Asimismo, agregaron: “Pareciera que determinadas decisiones de gobierno tienen por único cometido generar espacios de zozobra que desencuentren a la Justicia con la ciudadanía”. En tanto, a su vez, desde “Compromiso Judicial”, enfatizaron: “Los judiciales, cualesquiera que fuera su categoría o cargo, somos trabajadores que cobramos un salario por nuestras tareas en el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”. En tanto, remarcaron que existe una “contradicción” del Gobierno al intentar eliminar la cuarta categoría de Ganancias y proponer que todo el Poder Judicial pague dicho impuesto.

Al mismo tiempo, para finalizar concluyeron en que “la función de los integrantes del sistema de justicia —a diferencia del resto de la función pública— conlleva la inhabilitación para ejercer la profesión u otra actividad lucrativa” y que “los funcionarios y magistrados realizamos aportes jubilatorios por un porcentaje total del 18 % —sin tope legal alguno— del salario bruto, normalmente durante varias décadas”.