Especialistas cuestionan la nueva Oficina de Respuesta

La creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del gobierno de Javier Milei, diseñada para “desmentir activamente la mentira” en redes sociales, encendió las alarmas entre especialistas en verificación del discurso público. Según un reciente informe, la iniciativa carece de independencia y no cumple con los estándares internacionales de fact checking, lo que podría derivar en mecanismos de persecución. El Gobierno sostiene que busca dejar en evidencia operaciones de medios y de la política, pero los expertos remarcan que el Estado no puede auditarse a sí mismo bajo reglas periodísticas.

Las organizaciones de verificación independientes se rigen por el Código de Principios de la International Fact Checking Network, que exige transparencia metodológica, financiamiento claro y políticas de corrección abiertas. En contraste, la nueva oficina oficial no ofrece garantías de imparcialidad ni mecanismos de control externos.

El informe también subraya una contradicción: mientras el Gobierno promete combatir la desinformación, modificó la Ley de Acceso a la Información Pública introduciendo restricciones y dejando sin responder más pedidos que gestiones anteriores. Además, recuerda antecedentes de verificadores oficiales en Argentina y la región, como Confiar, Nodio o Brasil Contra Fake, que generaron rechazo por su potencial de hostigamiento. Fopea y dirigentes opositores ya alertaron que la nueva oficina puede convertirse en una herramienta de presión contra voces críticas, debilitando la confianza en los datos públicos.