Finalizó la auditoría de los peritos contables

El cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral finalizó los peritajes solicitados por el Juzgado Federal n° 1 de La Plata, ahora a cargo de Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa que se les sigue a los principales referentes de la llamada alianza Cambiemos por presuntos aportantes falsos y afiliaciones compulsivas.

Fuentes judiciales le confirmaron a diario Hoy que el informe de los peritos fue enviado al juez a mediados de marzo de este año, por lo que se espera que haya novedades en las próximas semanas. La principal sospecha gira en torno a cómo se financió la campaña de María Eugenia Vidal y de los candidatos a legisladores provinciales tanto para las elecciones de 2015 como para las de 2017.

La investigación se inició en 2018 con dos expedientes por separado. El primero comenzó con una denuncia de oficio por parte del fiscal federal Jorge Di Lello en base a un informe periodístico de Juan Amorín, quien mostró a una veintena de personas las cuales negaron ser aportantes para la campaña de Cambiemos, aunque sí figuraban como tales. En su mayoría, esas personas eran beneficiarias de los programas Ellas Hacen y Argentina Trabaja, quienes supuestamente donaron miles de pesos y, además, fueron afiliadas de manera compulsiva a la lista del PRO.

Una de las primeras pruebas que recibió el fiscal por parte de la Cámara Electoral fue que, de un muestreo de 100 casos de aportantes supuestamente falsos, 99 eran afiliados del PRO. A esa investigación se sumó el periodista Lucas Schaerer, quien formaba parte de la Fundación La Alameda, con una denuncia penal contra Esteban Bullrich y Gladys González, y los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores.

Afiliaciones truchas

En el marco de una causa similar, a instancias del fiscal Carlos Stornelli, en julio de 2018, el juez federal Sebastián Casanello citó a declarar a 50 testigos que habían sido entrevistados por Amorín. La sospecha es que el macrismo habría utilizado a esa gente como escudo para lavar millones de dólares de los verdaderos aportantes a la campaña de sus candidatos tanto a la presidencia como a la gobernación bonaerense.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la denuncia fue presentada por la entonces senadora, actual ministra de Gobierno, Teresa García, el 4 de julio de 2018 ante el Juzgado Federal n° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. La misma había solicitado que Vidal fuera investigada en calidad de presidenta del PRO, aunque la investigación estuvo cajoneada durante meses y solo fue imputada la entonces contadora general de la provincia de Buenos Aires, María Fernanda Inza.

Cuatro meses después, García amplió su denuncia, en la cual pidió que se investigue a la base de monotributistas sociales y la totalidad de aportantes truchos, que serían más de mil. “María Eugenia Vidal es la presidenta y, por lo tanto, la responsable legal de un partido político sospechado de haber falsificado afiliaciones y recursos en la campaña electoral. En cualquier lugar del mundo estaríamos frente a un escándalo de grandes magnitudes, pero acá Cambiemos pretende desviar la atención”, sostuvo por entonces la ministra García.

Mientras la investigación de Kreplak seguía estancada, en diciembre de 2018 Vidal aprovechó para presentar, ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal n° 1, un documento mediante el cual modificaba la nómina de sus contribuyentes en las elecciones de 2017. Con esa jugada, la exgobernadora intentó desligarse de la causa judicial, ya que sacó de la lista de aportantes a los beneficiarios de los planes sociales, a los monotributistas sociales y varios de los excandidatos a concejales de Cambiemos en territorio bonaerense.

Luego de las idas y vueltas de las dos causas sobre quién finalmente debía investigarlas, el juez federal Ariel Lijo se quedó con el expediente sobre los presuntos contribuyentes en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Ramos Padilla está al frente del caso por los aportantes truchos en la Provincia.