La Provincia y la AFIP promueven la transparencia de los funcionarios públicos, policiales y penitenciarios
Axel Kicillof, junto a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, presentaron el nuevo sistema para las declaraciones juradas patrimoniales.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, presentaron el nuevo sistema para las declaraciones juradas patrimoniales PBA-AFIP de los más de 29.000 funcionarios públicos, policiales y penitenciarios, al que podrán adherir los 135 municipios bonaerenses.
“Somos pioneros en la implementación de esta serie de herramientas que facilitan la recolección de información sólida, con eficacia y transparencia”, destacó Kicillof.
Buenos Aires es la primera provincia en implementar este sistema ágil, transparente y seguro, que permitirá ingresar a través de la clave fiscal y utilizar toda la información cargada en la AFIP, por lo que reducirá un 25% el tiempo de carga y servirá para alcanzar las 50.000 declaraciones juradas patrimoniales con la incorporación de los funcionarios municipales de toda la Provincia. “Esto no solo facilita el trámite a quienes tienen que completar una declaración jurada, sino que suma elementos de seguridad, certidumbre y transparencia de los datos”, subrayó el gobernador.
Al respecto, Marcó del Pont señaló que “este esquema es una demostración de lo que se puede lograr con cooperación y coordinación”. “Este sistema no solo alivia y disminuye la carga administrativa, sino que además brinda mayor seguridad y confiabilidad”, añadió.
En 2020, durante el primer año de gestión de Kicillof, se alcanzó por primera vez en la historia un cumplimiento del 100% de las declaraciones juradas de las máximas autoridades provinciales.
Por otra parte, se creó la Red de Oficinas de Transparencia Institucional, a la que suscribieron 60 municipios, de manera virtual, que permite asistir, capacitar y colaborar con las declaraciones juradas patrimoniales, la elaboración de códigos de ética pública y protocolos de gestión de conflictos de intereses, además de contar con un canal de denuncias.