Los ñoquis que sí y los que no según La Libertad Avanza

En la jornada pasada se dio a conocer la noticia de que diversos organismos, que pasaron a la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, sufrieron el despido de algunos trabajadores en el marco del plan motosierra que pregonó Javier Milei durante toda su campaña y que, además, viene implementando rápidamente desde que asumió.

Según trascendió, el Ejecutivo dejó en la calle a unos 200 empleados de AYSA y a 50 funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). En tanto, las autoridades justificaron este accionar asegurando que los despidos se dieron por razones políticas y operativas.

Asimismo, pusieron el foco en la necesidad de apartar a aquellos trabajadores que no cumplían adecuadamente sus responsabilidades, como así también a los funcionarios que estuvieran vinculados con la gestión anterior.

Pero, lamentablemente, estos últimos casos mencionados no son los únicos que se dieron en relación con recortes en la administración pública, sino que hace semanas se vienen denunciando estos escenarios en distintos ámbitos.

Tal como viene informando diario Hoy, en varias oficinas de Anses ubicadas en todo el país denunciaron una serie de despidos desde que asumió Osvaldo Giordano al frente del organismo. En tanto, principalmente, esta situación se viene dando en el interior, según informaron.

Entre las localidades afectadas se encuentran Sauzalito (Chaco), Nueva Galia (San Luis), La Paz (Mendoza), Salliqueló (Buenos Aires) y Esquina (Corrientes), además de Ciudad Evita y la capital de la provincia de Tucumán.

Asimismo, a fines del mes de febrero, trabajadores estatales denunciaron el despido de casi 100 empleados de la Administración General de Puertos de Buenos Aires. Anteriormente, ya habían sido echados sin justificación unos 60 trabajadores y ahora se sumaron otros 97, según denunciaron en una medida de fuerza que se llevó adelante.

Unos días más tarde, para sorpresa de nadie, desde el Gobierno confirmaron el cierre de 59 Centros de Referencia (CDR), por lo que más de 600 personas se quedarán sin trabajo. Estas unidades se encargaban hasta ahora de controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con las contraprestaciones necesarias para recibir el plan.

Esta última decisión se dio en sintonía con el anuncio previo de eliminar el Potenciar Trabajo, que será reemplazado por dos nuevos programas sociales, con el objetivo de eliminar la intermediación de los organismos sociales.

Así, como en tantos otros organismos, los despidos continúan avanzando y desde el Ejecutivo se escudan en “la necesidad de recortar el gasto”, culpando continuamente a la gestión anterior por la presente situación y aprovechando eso para continuar llevando adelante su plan de desguace del Estado.

Sin embargo, el enojo de un amplio sector de la sociedad ante esto radica en un doble discurso que demuestra el Gobierno en esta situación, bronca impulsada por los desmedidos aumentos a los trabajadores y el incremento salarial recientemente otorgado a los diputados y senadores de la Nación. Además, como si fuera poco, ahora se conoció la ­designación de una nueva funcionaria que dio que hablar.

La doble vara

También durante la jornada de ayer, explotó en los medios de comunicación la noticia de la designación de Geraldine Calvella, una joven de 23 años, en la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper). De inmediato, al conocerse la información, las redes sociales se inundaron de sus fotos.

Geraldine es una joven con poca experiencia y con dos carreras universitarias incompletas (Derecho y Medicina), según se puede ver en su perfil de LinkedIn. Además, en su corta experiencia laboral se encuentra su participación como asesora política en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Sin embargo, lo que más molestó de su nombramiento es el rol activo que tiene la joven en las redes sociales, siendo una militante libertaria. Asimismo, como si fuera poco, también se la acusó a la mujer de estar percibiendo un sueldo de casi 3 millones de pesos, con el detalle agravante de que aún no fue oficializada en el cargo.

Esta situación, que derivó en la indignación de muchos argentinos y argentinas, hizo que Milei se convierta en el centro de las críticas por el simple hecho de poner en un cargo estratégico a alguien sin experiencia y del entorno militante de La Libertad Avanza, algo que el actual Presidente se cansó de criticar del gobierno anterior y algo que juró desterrar: los “ñoquis” en el Estado.

Si bien por un lado continúa despidiendo a empleados del sector público, por el otro aprovecha para designar a personas cercanas y con un favoritismo por su color político. Esto da cuenta de que algunos “ñoquis” sí tienen lugar en la gestión de La Libertad Avanza y otros no, solo importa de dónde vengan y quién los designe.