Milei promulgó la Ley de Discapacidad pero suspende su ejecución

El gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial. La norma fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025, pero su aplicación quedó suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.

El Ejecutivo justificó la suspensión señalando que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. En esa línea, sostuvo que incluso destinando todas las partidas de los tres poderes del Estado “resultaría insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”. El crédito presupuestario disponible, sin afectar servicios sociales, asciende a $2.302.526.621.430, cifra que no cubriría el costo total estimado de la reforma.

Con ese argumento, la administración libertaria advirtió que para cumplir con la Ley 27.793 sería necesario un aumento total del presupuesto, autorización que sólo puede otorgar el Congreso Nacional. Pero detrás de la explicación contable asoma una maniobra evidente: mientras el veto fue derrotado, el Gobierno encontró un nuevo artilugio para postergar la implementación de la norma. En los hechos, la promulgación de la Emergencia Nacional en Discapacidad queda reducida a un gesto vacío, sin recursos ni plazos ciertos.

La decisión no sólo posterga derechos, también genera incertidumbre entre personas con discapacidad y sus familias, que esperaban respuestas urgentes frente a la crisis. El mensaje es claro: el Gobierno prioriza el supuesto “equilibrio fiscal”, antes que las condiciones sociales, y convierte una ley de emergencia en una promesa dilatada.