Milei recorta y degrada la Secretaría de Derechos Humanos

El Gobierno nacional resolvió este miércoles la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos, que dejará de tener ese rango y pasará a funcionar como una Subsecretaría dentro del Ministerio de Justicia. La polémica decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Según precisó el vocero, la medida incluye una reducción del 40% de la estructura administrativa y el despido del 30% de su personal. De acuerdo con estimaciones del oficialismo, el recorte permitiría un ahorro fiscal de aproximadamente $9.000 millones anuales.

En esta línea, Adorni afirmó que la cartera pasará a “garantizar todos los derechos humanos y no defender un sector ideológico partidario”, en sintonía con la postura negacionista del Gobierno libertario, que en reiteradas ocasiones ha cuestionado los enfoques históricos sobre memoria, verdad y justicia. El funcionario evitó referirse a las implicancias institucionales y simbólicas que podría acarrear esta decisión en el plano internacional, donde la política argentina de derechos humanos, largamente reconocida a nivel global, es observada con creciente preocupación.

Más ajustes

Cabe recordar que, desde diciembre, la administración de Javier Milei ha implementado una serie de recortes en áreas sensibles vinculadas a los derechos humanos, la cultura y la memoria, en el marco del plan de ajuste diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger. En abril, el Ministerio de Justicia suspendió los pagos destinados al funcionamiento del Espacio para la Memoria (ex-ESMA) y ordenó una auditoría sobre su presupuesto y gestión, poniendo en la mira uno de los principales sitios de preservación de la memoria del terrorismo de Estado.

Por otra parte, el Gobierno también avanza en la reestructuración de organismos culturales. En esa línea, el Ejecutivo confirmó la disolución del Instituto Juan Domingo Perón y la centralización administrativa del Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Libertad y el Instituto Nacional del Teatro, que perderán la autonomía institucional que conservaban hasta ahora. Estas decisiones forman parte de un vaciamiento más amplio de políticas culturales y de memoria, que el oficialismo justifica con argumentos de eficiencia, pero que evidencia una lógica de desarticulación sistemática del patrimonio simbólico e identitario construido en democracia.

La degradación de la Secretaría de Derechos Humanos no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva más amplia del Gobierno de Javier Milei contra políticas públicas vinculadas a la memoria colectiva, la cultura y la protección social. Bajo el pretexto del ajuste fiscal, la administración libertaria avanza con un desmantelamiento que no solo recorta estructuras, sino también sentidos históricos, dejando en evidencia una agenda ideológica que busca reconfigurar los consensos democráticos más básicos.