Otra causa caída del macrismo

La jueza federal María Servini dictó el sobreseimiento de los acusados de haber filtrado datos durante la investigación por espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y de las operaciones de los “Súper Mario Bros”.

En las últimas horas se dio a conocer un fallo de la jueza federal María Servini en el marco de la causa en la cual se denunciaba la supuesta filtración ilegal de actas de la Agencia Federal de Inteligencia macrista al momento de investigar el espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner y las maniobras de inteligencia de los espías conocidos como “Súper Mario Bros”.

La denuncia fue impulsada en su momento por los diputados macristas Waldo Wolff, quien presidía la Comisión de Libertad de Expresión, Jorge Enríquez y Álvaro de Lamadrid.

En este marco, la jueza Servini dictó el sobreseimiento de la interventora de la ­Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ­Cristina Caamaño; los fiscales federales de Lomas Zamora que estaban a cargo de la investigación en la que se utilizó el material divulgado, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide; del juez Juan Pablo Augé; y del periodista platense, dueño del medio ­Realpolitik, Santiago Sautel.

Uno de los fundamentos utilizados para avanzar con la denuncia era que la publicación de las actas de la AFI implicaba un riesgo para las tareas de inteligencia realizadas por los espías que se encontraban en el exterior.

Con respecto a este punto, la magistrada entendió que “la revelación de los lugares donde fueron asignados diferentes integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia no constituiría un secreto político de la Nación; antes bien, se asemejaría a una circunstancia administrativa, eventualmente secreta, que no interesa a la seguridad exterior”.

Servini también destacó que, “a diferencia de lo publicado en medios periodísticos, la filtración de información no generó la necesidad de repatriar a agentes ubicados en el exterior de nuestro país”.

La información que había sido divulgada, según los denunciantes, de manera ilegal era el libro de actas 2016-2018 de la Agencia ­Federal de Inteligencia durante la gestión

de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En estos documentos se podía reconstruir la reestructuración del organismo y así dar con quienes hoy son acusados de maniobras por espionaje ilegal.

Una intencionalidad política

Santiago Sautel fue uno de los sobreseídos, y destacó, en diálogo con diario Hoy, la decisión de la jueza. “Como medio de comunicación, estamos acostumbrados a los vaivenes judiciales”, aseguró.

El medio había quedado involucrado en esta causa por haber publicado la información supuestamente sensible y que, según los denunciantes, afectaría al trabajo de inteligencia de los espías.

“No es la única causa que han iniciado en nuestra contra”, agregó, y resaltó la importancia de la causa “por la magnitud de las figuras” que estaban involucradas.

“Sin embargo, lo entendí como una causa que tenía cierta intencionalidad, casi hasta de un influenciamiento sobre mi persona”, afirmó el periodista.

Luego, expresó que la Justicia “determinó cuál fue la verdad” y que aquellas personas que participaron como denunciantes y acusadores “quedaron en evidencia”. También habló sobre “una politización de la causa” que estaba fundada sobre “una acusación absurda”, ya que no fue el único medio que publicó la información.

“Claramente había una animosidad, porque si no, no se puede entender. Nosotros incluso, ante el pedido de la Justicia, bajamos la información”, argumentó Sautel.

Por su parte, Marcelo Peña, abogado de Realpolitik, afirmó a diario Hoy que la denuncia fue dirigida hacia el medio que representa por “lo que implica ir contra medios más grandes” que también publicaron la información.

También mencionó la “persecución política” que existe detrás de estas causas, y expuso como ejemplo la causa en la que se encuentra involucrado Marcelo Balcedo, la cual “se alarga y terminará quedando nula”, como sucedió en este caso.

Además, afirmó que en este tipo de decisiones “se vislumbran los valores humanos de los jueces, que no tienen en cuenta el daño que generan a las familias” involucradas dentro de los casos de espionaje ilegal, y que los mismos “deberían ser neutrales”.

Por último, adelantó que están evaluando si iniciarán acciones legales, según las condiciones que se dispongan en la causa.

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