Segunda prórroga en el juicio de YPF y el análisis de un “bono perpetuo”
La Justicia de Estados Unidos aceptó el pedido de extensión del plazo de la Argentina para la presentación de los argumentos contra el fallo. El Gobierno evalúa pagar intereses de manera indefinida para cubrir el monto de 16.000 millones de dólares dispuesto por la Corte.
Tras el fallo judicial relacionado con la renacionalización de la petrolera en 2012, la Corte de Apelaciones de Nueva York le concedió a la Argentina una prórroga hasta el 22 de febrero para presentar los primeros argumentos contra el fallo en el que el país fue condenado a pagar 16.000 millones de dólares.
Antes de esta nueva decisión por parte de la Justicia norteamericana, la fecha estaba estipulada para enero, pero los representantes legales de la Argentina habían pedido una extensión del plazo, teniendo en cuenta la reciente asunción de Javier Milei el pasado 10 de diciembre.
La sentencia de la jueza Loretta Preska se conoció el 31 de marzo de 2023, tras la aceptación por parte de la magistrada de admitir las mociones de los litigantes contra la Argentina, que iniciaron la primera demanda hace ya ocho años.
En tanto, el 8 de septiembre, la jueza estadounidense había precisado “los daños e intereses en los reclamos de accionistas minoritarios antes de la nacionalización”, Petersen y Eton Park, contra el país, y donde Burford compró los derechos de litigio y se llevará una participación mayoritaria del resultado del juicio. Fue a partir de dicha sentencia que la Argentina fue condenada a pagar 16.000 millones de dólares.
Por su parte, el Presidente de la Nación, Javier Milei, había brindado su testimonio acerca de este conflicto: “Aquí tenemos un problema porque no tenemos el dinero, no tenemos 16.000 millones de dólares, esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar”, precisó el mandatario nacional.
Durante su discurso, el jefe de Estado había deslizado la posibilidad de “pagar este fondo con un bono perpetuo”, que es un tipo de inversión en el que el emisor paga intereses a los inversores de manera indefinida, sin tener una fecha de vencimiento específica.
Cabe mencionar que al Gobierno aún le quedan varias instancias de apelación, pero, mientras tanto, comenzaron a correr intereses que acrecentarían el monto mencionado hasta la resolución del conflicto.
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