Un intendente del PRO denunciado por perseguir y atentar contra la salud

Se trata del jefe comunal de San Nicolás, Manuel Passaglia, quien aprobó una ordenanza que habilita a los trabajadores municipales a desafiliarse de IOMA. Además, fue apuntado por utilizar “medidas persecutorias”.

El pasado 3 de marzo, el Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó una ordenanza que autoriza al Ejecutivo local a desadherirse del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). Por lo tanto, los trabajadores municipales podrán elegir si seguir con la cobertura de IOMA o Avalian, la empresa seleccionada para proveer el servicio médico.

Esta iniciativa no solo fue rechazada por el bloque del Frente de Todos (FdT) en el recinto, sino que desembocó en presentaciones judiciales.

En contraposición, los elogios vinieron por parte del expresidente Mauricio Macri, del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, y de la también precandidata Patricia Bullrich.

“El bloque de Juntos por el Cambio había rechazado un pedido de los concejales del Frente de Todos que solicitaba postergar el voto del expediente para darle tratamiento en comisión. De esa manera se podría haber convocado a distintos actores involucrados por la medida para ampliar la mirada sobre el tema”, inicia el comunicado difundido por los ediles del FdT luego de la sesión.

“Los concejales y concejalas que responden a Passaglia votaron la medida sin responder preguntas de nuestro bloque”, continuaron. “Es mentira que los trabajadores y ­trabajadoras pueden optar por seguir manteniendo su afiliación a IOMA”, apuntaron. Y enfatizaron: “IOMA no deja sin cobertura a sus afiliados. Es Passaglia”.

Por otro lado, la Asesoría General de Gobierno de la provincia de ­Buenos Aires analizó la ordenanza n° 10.503/23, y determinó que esta “resulta inviable”.

“Si bien las municipalidades pueden adherir al régimen de IOMA mediante el dictado de la ordenanza respectiva, tal adhesión no puede ser parcial, y una vez ejercida la opción, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 de la ley n° 6.982”, expresa el dictamen.

El órgano que dirige Santiago Pérez Teruel aseguró que la medida “ha sido adoptada sin más, con argumentos genéricos, sin sustento fáctico y/o sin intervención previa del Instituto de Obra Médica Asistencial y/o de los trabajadores municipales y/o sus representantes”.

Este jueves, el titular de IOMA, Homero Giles, y el diputado nacional y exministro de Salud de la ­Provincia, Daniel Gollan, realizaron un encuentro con trabajadores municipales para analizar la preocupante situación.

Giles aseguró que la ordenanza es “ilegal, no se ajusta la normativa nacional y provincial”. “La Constitución es muy clara: las normativas tienen rangos; y una ordenanza es inferior a leyes nacionales y provinciales”, continuó el titular de la obra social, quien también adelantó que se realizaron las presentaciones ­judiciales para declarar la nulidad de la ordenanza.

“Estamos apelando a la voluntad de la persona y, por favor, no cometas un hecho ilícito, quizás seas juzgado y sancionado el día de mañana”, dijo el titular de la prestadora directamente a Passaglia.

“No sirve mentir y engañar, intendente”, apuntó por su parte el diputado Gollan. “Lo que va a hacer el intendente pone en riesgo de vida a mucha gente, porque van a perder calidad prestacional y no van a poder continuar con sus tratamientos crónicos”, explicó.

La edil del Frente de Todos Cecilia Comerio también participó de la reunión y aseguró que “es de público conocimiento lo que sucede en la ciudad, donde el intendente tomó la decisión mediante un proyecto de ordenanza de dejar a las trabajadoras y trabajadores del municipio sin cobertura de IOMA. Desde el bloque no acompañamos esta decisión. Estamos frente a una ordenanza que es ilegal, con lo cual no sabemos cuál va a ser la situación real de los trabajadores”. Además, indicó que se “está utilizando a nuestra ciudad como un trampolín para un proyecto únicamente personal”.

La denuncia por persecución

Las presentaciones judiciales no solo vienen desde el Ejecutivo bonaerense. El abogado de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Ricardo Bradley, denunció formalmente al municipio de San Nicolás ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia “por ­prácticas persecutorias, discriminatorias y antisindicales, al disponer arbitrariamente el traslado del compañero Rodolfo Cecchi, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, a 40 kilómetros de su domicilio”.

Según afirman desde la federación, Cecchi se había pronunciado de manera pública en contra de la ­desafiliación de IOMA, lo cual habría desencadenado esta determinación que catalogaron como una “represalia”.

También pidieron que la cartera dirigida por Walter Correa intervenga “en el marco de las leyes 10.149 y 14.656 y haga cesar en forma inmediata semejante arbitrariedad, cuya única finalidad es callar la única voz que se levanta en defensa de los trabajadores”. Además, declaró el “estado de alerta y movilización” de la organización en la ciudad.

Hasta el momento no hubo una resolución que declare la nulidad de la ordenanza, lo cierto es que Manuel Passaglia decidió impulsar una norma local que pretende sobrepasar las leyes nacionales y provinciales y afectar la cobertura médica de los trabajadores del municipio de San Nicolás.

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