La Facultad de Derecho dio a conocer un relevamiento sobre la situación de niños y jóvenes de la Región

AMENAZAS, VIOLACIONES Y VULNERACIONES AL DERECHO INFANTIL EN LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

La Facultad de Ciencias Jurídicas da a conocer este relevamiento realizado en el año 2020 en torno a la situación de niñxs y jóvenes de la Región. Entre otras cuestiones, de las entrevistas realizadas se desprende que la totalidad de las víctimas de abuso sexual infantil por las que se consultó fueron niñas y que en todos los casos el señalado como responsable fue el padre.

El Programa de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata “Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas” presenta el Segundo Informe Anual sobre amenazas, violaciones y vulneraciones a los Derechos de lxs Niñxs, realizado durante el año 2020 en La Plata, Berisso y Ensenada. El informe completo, que se presenta por primera vez para su difusión, puede descargarse desde el PDF adjunto.

Como se podrá presumir, el nuevo contexto epidemiológico obligó a suspender la actividad presencial habitual del CJG, reemplazándola por mecanismos virtuales -teléfonos, WhatsApp, redes sociales, videollamadas y Zoom- para recibir las consultas y generar las estrategias de asesoramiento e intervención.

Y en ese marco, el universo de registros analizados estuvo conformado por 37 consultas, de las cuales 4 estuvieron vinculadas a colectivos -más o menos indeterminados- de niñxs y jóvenes, mientras que 33 correspondieron a casos particulares, es decir supuestos relativos a niñxs y jóvenes individualizables.

El 43% de las consultas que se recibieron en el CJG estuvieron vinculadas a escenarios de vulneración integral de derechos; 16% sobre el ejercicio de la responsabilidad parental; 11% políticas públicas en materia de niñez; 8% derecho a la familia; 8% violencia de género y familiar; 5% abuso sexual infantil; 3% asesoramiento jurídico con perspectiva de niñez; 3% abrigo, guarda y adopción; y 3% derecho a la identidad.

El 43% de las consultas fueron respecto de niñxs de entre 6 y 12 años, conformando a este grupo etario como el de mayor incidencia en la vulneración de derechos. El 33% fueron por jóvenes de entre 13 y 18 años, mientras que un 24% se vinculó a la primera infancia, entendida esta por la franja que va de 0 a 5 años.

El 24% de las consultas estuvieron vinculadas a amenazas, violaciones o vulneraciones de derechos que tuvieron su origen en un accionar u omisión del Estado; el 24% respondió a vulneraciones de derechos por parte de un familiar del niñx; y el 52% se trató de situaciones en las que tanto un familiar como alguna agencia del Estado eran los vulneradores de derechos.

Del total de las vulneraciones a derechos propiciadas por el estado, fue posible identificar que el 41% estuvieron vinculadas a acciones u omisiones del Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño (SPPDN); 26% al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires; 20% a la Policía y 13% específicamente al Sistema Penal. Asimismo, cuando la afectación del derecho se produjo en un contexto familiar, en el 48% de los casos el responsable fue el padre del niñx y en el 52% la madre.

A partir del análisis de las 33 consultas particulares de niñxs se identificaron 148 situaciones de violación, vulneración y/o amenaza de derechos. Así fue posible detectar que el derecho a la familia fue el principal afectado (18%), seguido por el derecho a la educación (11%), la vulneración integral de derechos (11%) y el acceso a la justicia (11%). La protección contra la pobreza y la indigencia(10%) y contra la violencia institucional (10%) fueron los siguientes, y luego el derecho a la salud (8%) y la protección contra la violencia familiar y de género (6%).

Lxs niñxs que sufrieron una vulneración integral a sus derechos estuvieron en un 19% expuestos a vivir en condiciones de pobreza; al 19% se les vulneró el derecho a familia; el 18% sufrió violencia institucional, al 16% se le vulneró el derecho a la educación; al 12% el derecho a la salud; el 11% se vio impedido del acceso a la justicia; al 1% se le vulneró el derecho a la alimentación; el 1% vivió en situación de calle; un 1% sufrió violencia familiar o de género; al 1% se le vulneró el derecho a la vivienda y 1% no tuvo acceso a un representante legal.

Cabe destacar que el 100% de las consultas las efectuaron las madres de lxs niñxs y que en el 20% de los casos los responsables de amenazar, vulnerar o violar el derecho a la familia –e incumplir el ejercicio de la responsabilidad parental- fueron los padres varones de lxs niñxs por quienes se consultó. Cabe destacar que en el 80% de los casos a la vulneración llevada a cabo por el padre se le sumaron acciones u omisiones de órganos jurisdiccionales que impidieron el correcto ejercicio del derecho a la familia.

También, el estudio advierte que la totalidad de las víctimas de abuso sexual infantil por las que se consultó en el CJG fueron niñas, que el 50% de las consultas fueron efectuadas por las madres de las niñas y el 50% por la abogada del niñx y que en todos los casos el señalado como responsable del abuso sexual infantil fue el padre de las niñas.

A su vez, se observó como una constante la revictimización que ejerce el poder judicial cuando no realiza las acciones necesarias para investigar los hechos, restituir los derechos de lxs niñxs y evitar mayores vulneraciones.

En el caso de la violencia institucional, se detectó que en el 100% de los casos el SPPDN ha sido el responsable; y a ello se le sumó la violencia ejercida por otras instituciones, encontrándose entre ellas las fuerzas de seguridad (53%); del Poder Judicial (7%) y el Sistema Penal (33%).

En cuanto a la violencia de género, el 56% de las consultas fueron efectuadas por las madres de lxs niñxs, y el resto por organizaciones políticas y sociales (11%), docentes (11%), referentes afectivos (11%) y ellxs mismxs (11%). En el 78% de los casos el responsable de violentar a lxs niñxs fue su padre; y en el 22% su madre.

Entre sus principales conclusiones, el relevamiento efectuado permite inferir que una mirada en clave de derechos, reconociendo a los niños como sujetos de derechos, hubiera impedido la consumación de determinadas situaciones de vulneración de derechos o bien reducido la persistencia de su afectación. En este sentido, se subraya la importancia de que el Estado desarrolle e implemente políticas de promoción y protección de derechos que otorguen herramientas a los diversos efectores que intervienen en la crianza y el trabajo cotidiano con niñxs y jóvenes.

Este estudio busca saldar la deuda existente en materia de niñez vinculada con la ausencia del Estado en estos temas, circunstancia que impacta directamente tanto en el diseño como en la implementación y el seguimiento de las políticas públicas que se desarrollan en el área.

Con ese objetivo, y buscando visibilizar las problemáticas que atraviesan a la niñez, se analizaron los datos recabados a través de las consultas recibidas por parte del Consultorio Jurídico Gratuito (CJG), a fin de servir como una herramienta concreta para un debate informado y robusto de las políticas públicas implementadas en niñez y juventud.

El Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tiene como principal objetivo trabajar y reflexionar críticamente sobre las políticas públicas de Derechos Humanos en relación a la niñez, desde el encuentro y el trabajo concreto con los niños y niñas en situación de calle en la ciudad de La Plata.

Bajo la dirección del Abog. Martín Menestrina y con el trabajo de un equipo interdisciplinario integrado por Lucía Belaunzaran (licenciada en trabajo social), Martina Flaherty (abogada), Manuel Rodriguez (psicólogo) y Antonela Coroli (abogada), el Programa cuenta con un Consultorio Jurídico y un área de investigación y construcción de herramientas de exigibilidad colectiva, así como con un área de capacitación en la que se llevan a cabo talleres en torno a prácticas policiales, niñez y delitos complejos.

En el Programa se trabaja en forma interdisciplinaria, nucleando a docentes y a alumnos de esta Facultad y profesionales de otras disciplinas como sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales.