Bloquean la nueva política migratoria de Biden
La medida posibilita a las autoridades denegar asilo a quienes arriban a la frontera ilegalmente. Lo hizo un juez federal de los Estados Unidos.
Un juez federal de los Estados Unidos bloqueó la política migratoria del presidente Joe Biden, que posibilita a las autoridades denegar asilo a quienes arriban a la frontera de manera ilegal, revelaron ayer documentos judiciales.
En este sentido, el Ejecutivo dispone de 14 jornadas para apelar la sentencia, dictada por el magistrado del Distrito del Norte de California Jon Tigar, que anula la política anunciada en el pasado mayo luego del fin de la norma conocida como Título 42, por la que los inmigrantes no pueden solicitar asilo si entraron en forma ilegal y no usaron la legislación vigente.
Esa ley le permitió a Estados Unidos expulsar a millones de personas desde el año 2020 bajo el gobierno del entonces presidente Donald Trump con el argumento de prevenir la transmisión del coronavirus.
En este contexto, el magistrado falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechazan la nueva medida al considerar que viola las leyes de asilo de ese país norteamericano.
Asimismo, de acuerdo con los documentos judiciales que trascendieron, los demandantes se tratan de grupos de izquierda que representan y ayudan a solicitantes de asilo.
En este sentido, señalan que la norma no es válida en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), debido a que aseguran que es ilegal, arbitraria y se promulgó sin la oportunidad adecuada de recibir comentarios públicos.
Por su lado, Tigar bloqueó la norma basándose en que sus procedimientos de notificación son insuficientes en virtud de la APA, que determina cómo las leyes son promulgadas por las agencias federales y requiere ciertos períodos de notificación y comentarios.
Asimismo, el juez consideró que el período de notificación de 30 jornadas que el gobierno había aprobado en un inicio era insuficiente, considerando la complejidad de la norma, de acuerdo a la agencia de noticias AFP.
“La complejidad de la norma sugiere que 30 días no es razonable, sobre todo porque las agencias se estaban preparando para el final del Título 42 mucho antes de que se anunciara, de modo que podrían haber emitido el aviso con tiempo suficiente para conceder un período de comentarios más largo y aun así haber tenido la norma en vigor cuando expiró el Título 42”, consideró Tigar en el fallo.