El Consejo de Europa pone la lupa sobre la violencia policial en Francia

Las imágenes que caracterizaron a Francia durante los últimos meses fueron las de una variedad de protestas, huelgas y represión policial que fueron escalando por la reforma jubilatoria que impulsó y aprobó el presidente Emmanuel Macron.

Ahora, el Consejo de Europa y varias ONG de derechos humanos denunciaron la brutalidad policial durante las manifestaciones, algo que expuso la comisaria de Derechos Humanos del organismo, Dunja Mijatovic.

“Las condiciones en las que se ejercen las libertades de expresión y de reunión en Francia, en el contexto de la movilización social contra la reforma de las pensiones, son preocupantes”, declaró la diplomática.

En ese punto, recordó a las autoridades francesas que “es su responsabilidad permitir el ejercicio efectivo de estas libertades, protegiendo a los manifestantes pacíficos contra la violencia policial”.

“El deslizamiento autoritario del Estado francés, el empeoramiento de la brutalidad de las relaciones sociales a través de su Policía, la violencia de todo tipo y la impunidad son un escándalo mayor”, dijo por su parte Patrick Baudouin, presidente de la Liga Francesa de Derechos Humanos.

Esta denuncia llega justo con la demanda de los sindicatos ferroviarios, que denunciaron que, por culpa del lanzamiento de una granada por parte de la Policía, Sébastien, un sindicalista y trabajador ferroviario en un taller de material desde hace más de 25 años y padre de tres hijos, perdió un ojo.

“Este tipo de granada está catalogado como material de guerra por el Código de Seguridad Interior”, afirmaron los sindicatos SUD-Rail y Solidaires, que también mencionan el caso de una manifestante que perdió un pulgar el mismo día en la ciudad de Ruan por otra granada.

Ayer hubo varias protestas contra la reforma en Niza, Alès vía Sélestat, Caen y París, pero la jornada estuvo marcada por otra movilización ambiental donde unas 25.000 personas rechazaron la construcción de megacuencas de agua en Sainte-Soline.

Allí, los manifestantes rechazaron la construcción de la obra que está financiada por el Estado en un 70%, ya que, según denunciaron, “beneficia a las industrias agrarias”, hace que se concentren recursos esenciales en pocas manos y no están pensados para beneficiar a todo el país.