Avanza la reforma laboral y la CGT se prepara para una marcha multitudinaria

El Gobierno avanza con el tratamiento de reforma laboral en el Congreso y ratificó que la marcha convocada por la CGT para este jueves no alterará el cronograma legislativo. En Casa Rosada insisten en que el debate seguirá su curso, incluso con la presión sindical que crece a medida que se acerca el 18 de diciembre. Con este contexto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que se aplicará el protocolo antipiquetes sin excepciones, una señal de continuidad respecto de la línea que ya se venía ejecutando bajo la conducción de Patricia Bullrich.

La movilización sumará a las dos CTA y a ATE, que además anunció un paro nacional para el mismo día en rechazo al proyecto oficial y en reclamo de la reapertura de paritarias. La confluencia de gremios amplía el volumen político de la jornada, y anticipa un escenario de tensión. Desde el Ministerio de Seguridad remarcan que se buscará evitar cortes totales y que se organizará un seguimiento detallado de los desplazamientos.

El oficialismo intenta sostener un equilibrio complejo. Por un lado, busca mostrar firmeza en la gestión del espacio público. Por otro, evita sobreactuar el conflicto para no alimentar la narrativa de confrontación que impulsa el sindicalismo. En Balcarce 50 aseguran que la protesta no modificará la estrategia parlamentaria y que el proyecto seguirá avanzando con el respaldo de bloques dialoguistas que ya dieron señales de acompañamiento parcial.

Negociaciones políticas y la falta de consensos

En vísperas del debate legislativo, el Gobierno enfrenta dificultades para ampliar apoyos y decidió dejar afuera de la discusión a los gobernadores alineados al kirchnerismo. El Ejecutivo admitió que no habrá reuniones con Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán ni Gustavo Melella por la ausencia de puntos de conexión política.

En esa línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justificó la exclusión de los gobernadores opositores al señalar que no acompañan las prioridades fiscales del Ejecutivo. Aun así, no descartó futuros encuentros ante la presión del FMI para asegurar respaldo político a las reformas.

La marcha como termómetro político

La convocatoria del 18D será el primer test de la nueva conducción sindical frente a un Gobierno que busca avanzar con reformas estructurales antes de fin de año, o en el primer bimestre de 2026. La adhesión de ATE y las CTA amplifica el alcance de la protesta y suma demandas vinculadas al salario y al empleo público.

Con ese escenario, las lecturas se dividen. En el oficialismo creen que el protocolo permitirá encauzar el movimiento de las columnas sin afectar la actividad general. En el sindicalismo, en cambio, la movilización se piensa como un mensaje político que excede el rechazo puntual a la reforma y que busca mostrar capacidad de articulación en un momento en que el Gobierno intenta consolidar mayorías legislativas.

El jueves será una jornada clave en un fin de año marcado por la velocidad del trámite parlamentario y por la decisión de la CGT de volver a ocupar el espacio público como herramienta de presión. El resultado definirá el clima que acompañará la discusión en las próximas semanas.