Buscan modificar la legislación sobre alquileres en la Provincia

La situación habitacional en el territorio bonaerense es compleja, no solo debido a la falta de suelo urbano acompañado del crecimiento demográfico, sino también por la falta de acceso a la vivienda debido al contexto económico, además de las condiciones legales que complican tanto a los inquilinos como a los propietarios.

En este sentido, en el Senado bonaerense se presentaron dos proyectos que buscan ampliar la oferta de alquileres y también aliviar los costos que los inquilinos deben afrontar a la hora de iniciar un contrato y fueron impulsados por el legislador Francisco “Paco” Durañona.

“Actualmente la situación de acceso a la vivienda en las zonas urbanas resulta dramática, no solo por el valor de la vivienda para la compra, sino también por la retracción en la oferta para el alquiler, situación que eleva los precios y la posibilidad de que se comentan abusos que impactan en las y los inquilinos, quienes son los más desprotegidos ante la Ley”, explicó en uno de los textos presentado ante la Legislatura.

Impuesto a viviendas ociosas

El primero es el de incentivo al alquiler de viviendas deshabitadas, que modifica el artículo 38 dela Ley 14.449 de acceso justo al hábitat y otorga una contribución adicional específica sobre el impuesto inmobiliario correspondiente a las viviendas ociosas, es decir, aquellas que se encuentren desocupadas por más de un año.

La norma prevé “importantes descuentos en el impuesto inmobiliario provincial y tasas municipales para propietarios que pongan a disposición viviendas para alquilar”. Los propietarios de las viviendas con contrato de alquiler tendrán un 50% de exención en el impuesto inmobiliario.

“Nuestro proyecto busca que quienes tengan viviendas deshabitadas durante más de un año abonen un adicional en el impuesto inmobiliario y tasas municipales, y que esos fondos se destinen a programas de acceso al hábitat en la Provincia y Municipios”, detalló el senador del oficialismo.

Según el texto del proyecto, “la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires instrumentará las modificaciones necesarias en sus sistemas para identificar y transferir diariamente el porcentaje de la recaudación del impuesto inmobiliario establecido como de afectación específica en el presente artículo a una cuenta abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que actuará como Fiduciario”.

En los fundamentos de la Ley, Durañona explica que “resulta fundamental que el Estado imparta justicia en un mercado inmobiliario altamente especulativo y distorsionado que coloca cada vez más a la vivienda como una mercancía rentable y una reserva de valor, sin contemplar su función social”.

En este sentido, el Estado tiene “diversas formas de intervenir, fomentando los alquileres urbanos y garantizando al mismo tiempo los derechos de los/as propietarios/as e inquilinos/as”.

Modificación de la Ley de Martilleros y Corredores Públicos

El segundo proyecto plantea que el cobro del 4% de los honorarios y los gastos administrativos pasen a manos de los propietarios. Actualmente los inquilinos son quienes deben abonar estos montos.

El mismo ya obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado.

La Ley modifica el artículo 54 de la Ley 10.973 de Martilleros y Corredores Públicos y prohíbe “requerir y/o percibir comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios/as, sublocatarios/as y/o continuadores de la locación”.

“Los costos de las certificaciones de firmas, averiguación de informes de garantía y todo costo de gestoría que se realice por locaciones de inmuebles urbanos o rurales no podrán ser requeridos a los/as locatarios/as”, detalla el texto presentado por Durañona.

Según el Senador, la iniciativa busca “equiparar derechos en forma justa, para que no haya desigualdad entre las partes y salvaguardar los derechos de un sector de la población como ser el de los/as inquilinos e inquilinas donde no se genere vacío interpretativo alguno que perjudique en la práctica y acción a la parte más débil”.

Respecto de este último proyecto, el presidente del Colegio de Martilleros de la Provincia, José María Sacco, aseguró: “Si realmente quieren ayudar al inquilino no habría que cobrar aranceles para sellado y para los informes de inhibición” y planteó buscar “una medida alternativa”.

Por otro lado, quien destacó la iniciativa fue la presidenta del Instituto de Previsión Social bonaerense, Marina Moretti. La funcionaria aseguró que este proyecto “es una solución a una problemática real”.

La discusión en el Congreso

La Ley de Alquileres que se sancionó en el Congreso hace más de tres años también está en discusión. En abril de este año trascendió que el Presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, analizaron “dar de baja” la normativa actual porque “no funcionó”.

Los diputados nacionales se encuentran en una discusión que todavía no se traslada en modificaciones, al menos en un futuro inmediato. Sin embargo, las diferencias entre bloques son palpables: el Frente de Todos defiende la ley que propone contratos a tres años y actualización anual de valores.

Durante el debate en la Comisión de Presupuesto del año pasado, se presentó un proyecto que busca impulsar incentivos fiscales tanto para propietarios como para quienes quieren construir viviendas destinadas a alquiler.

En el caso de la oposición, buscan volver al contrato de dos años y un ajuste acordado libremente entre las partes basado en el Índice de Precios al Consumidor, el Índice de Precios Mayoristas o el Índice de Salarios con una actualización que pueda ir de tres meses a un año.

Todos los proyectos buscan resolver una problemática que acrecenta con la poca oferta de alquileres y sobre todo con precios accesibles a la clase media que busca acceder a la vivienda en el marco de un contexto inflacionario complejo que se lleva puesto a los salarios.